España es un mal ejemplo de contratación pública socialmente responsable, tal y como se afirma desde Lares, que ha participado en Bruselas un encuentro entre la Federación Europea de Empleadores Sociales (FESE) y EPSU, entidad que representa al conjunto de los sindicatos de la Unión Europea.

En el marco del encuentro se han valorado distintos posicionamientos y reflexiones para elevar a la Comisión Europea sobre la situación de la contratación pública en Europa y, en concreto, sobre la aplicación de la directiva del año 2014, traspuesta en España en 2015 en materia de incorporación de reservas en la contratación de servicios sociales. Algunas de las ideas que destacadas por parte de distintos ponentes son las siguientes:

• La Comisión Europea está trabajando en una matriz de competencias para promover la profesionalización del sector de servicios sociales.

• En verano de 2020 vera la luz una guía de recomendaciones sobre la aplicación de la directiva europea en materia de contratación pública

• Se considera socialmente irresponsable dejar la contratación de servicios sociales a un criterio casi exclusivamente de precio

• Las administraciones deben velar para que puedan garantizarse unas condiciones laborales y un salario adecuados a los trabajadores de los servicios sociales. En este asunto deberían tomar especial cuenta el Gobierno de España y las autoridades autonómicas ante su desidia respecto a las condiciones laborales que se dan en el ámbito de la dependencia

• Los estados tienen un amplio margen de maniobra para ampliar la directiva europea de contratación pública. A juicio de Lares, desde la perspectiva de la propia directiva de la UE no se pueden fundamentar posiciones como las que mantiene el sector con ánimo de lucro en materia del concierto social

• Debe garantizarse la transparencia en la contratación de servicios sociales y esto supone no desconocer que se están generando grandes sectores que hacen economías de escala y que tratan de condicionar la contratación pública

• Cuando se trata de garantizar la salud y la dignidad de las personas, el precio y otros criterios habituales de contratación no pueden ser la ley de motriz por parte de las administraciones.

En esta misma línea, los asistentes al encuentro destacaron principalmente dos cuestiones. Por un lado, el gran desconocimiento que tienen las autoridades públicas en muchos países de la UE sobre la capacidad y potencialidad del sector sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales, sobre lo que están haciendo y lo que representan para la cohesión social de los distintos países.

Por otro, es especialmente relevante el poner de manifiesto que solo uno de cada cuatro autoridades locales o regionales de la UE consideran que ha sido puesto en marcha el espíritu de la directiva de contratación pública en materia de reserva de contratos en el sector de servicios sociales y en el ámbito de la aplicación de condiciones diferentes al precio en el marco de la contratación.