El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a rectificar la decisión de recortar el apoyo económico público al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, en el momento en que el país y la sociedad española más necesitan a las redes solidarias como consecuencia de la pandemia.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha notificado al Tercer Sector su intención de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social -vía principal de financiación de las organizaciones sociales altruistas de ámbito estatal- y de no dedicar, como exige su Ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7% del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales.

Esta merma significativa en los recursos económicos de las entidades sociales estatales se produce en la mayor crisis económica y social vivida por España en su historia reciente por causa del coronavirus, que ha exacerbado las demandas de los grupos cívicos más vulnerables y ha aumentado exponencialmente el número de personas y hogares en esta situación.

Así, desde el CERMI indican que se castiga incomprensiblemente al sector solidario español que se ha revelado como el actor más próximo y omnipresente para tratar de atajar el impacto social de la pandemia, llegando allí donde los poderes públicos, responsables de las políticas sociales y del bienestar de la población, se han mostrado incapaces de dar respuesta.

A juicio del CERMI sorprende también que se reduzcan drásticamente fondos financieros ya consolidados, algunos comprometidos desde 2018, pero no ejecutados, como los derivados del 0,7% del Impuesto de Sociedades, especialmente cuando el Tercer Sector de Acción Social es el único que no ha recibido ningún tipo de ayuda pública adicional como consecuencia de la pandemia, cuando la crisis provocada por esta es fundamentalmente social.

Por todo ello, el CERMI ha realizado una apelación a la Vicepresidencia Social del Gobierno para «retomar el diálogo directo y sincero y solventar un desacuerdo que nunca debió surgir, en una coyuntura como la actual, de devastación económica y social, que precisa la suma y la concordancia de todas laz voluntades y operadores, públicos y cívicos».