Tras concluir la vacunación, las residencias son los lugares más seguros para las personas mayores, unos espacios en los que son cuidados por personas también vacunadas y siguiendo estrictas medidas de protección. «La vacuna ha sido la mejor medicina para usuarios y trabajadores y, poco a poco, los centros vuelven a ser los lugares de convivencia que siempre fueron», tal y como se afirma desde la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE) que acaba de celebrar su Asamblea General.

Para ARADE, los servicios de teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y residencias han demostrado durante este periodo tan complicado su capacidad de adaptación para seguir ofreciendo un servicio de calidad y profesionalizado a los mayores de Aragón.

«A lo largo de 2020 estos centros han realizado importantes inversiones en medios de protección frente al Covid sin disponer de ninguna ayuda. A pesar de ser el sector que ha estado en el ojo del huracán, los empresarios han denunciado que no han recibido el apoyo económico que llevan meses solicitando para impedir que muchos de ellos tengan que cerrar», afirma la Asociación Aragonesa para la Dependencia.

Por otro lado, ARADE denuncia que «el incremento del precio de las plazas no puede ser asumido por los usuarios con sus bajas pensiones». Por ello, el sector reclama a la Administración que facilite el acceso a estos servicios a las personas mayores de Aragón a través de una correcta financiación de la Ley de Dependencia. Únicamente a través de una eficiente colaboración público-privada se podrá no solo dar un buen servicio, sino también seguir creando riqueza y puestos de trabajo, señala esta patronal.

A este respecto, la Asamblea General de ARADE ha corroborado la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la discriminación a la que quiere someter el Gobierno de Aragón a las empresas del sector a través de la Orden CDS/124/2021 que regula la Acción Concertada y que puede dejarlas fuera de la contratación con la Administración pues, en su texto, excluye a las entidades privadas mercantiles.