Con la aprobación de este crédito, a cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación pretende reforzar los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias de dependencia en el año 2022 y lograr una atención más ágil a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ya amplió el año pasado el importe destinado a reforzar la gestión de la dependencia en Andalucía, por primera vez desde 2012, con un incremento de 710.070,10 euros. En el ejercicio 2022 se ha considerado mantener esta cantidad para lograr una atención más ágil. Así, el objetivo es garantizar en 2022 el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales de Andalucía en materia de dependencia.

Desde el comienzo de la legislatura en el año 2019 se ha destinado al refuerzo de los servicios sociales comunitarios para la atención a la dependencia más de 48 millones de euros, unos 7 millones más que lo destinado durante los cuatro años anteriores.

Andalucía atiende, a fecha de noviembre, a más de 248.000 personas en situación de dependencia a través de servicios y prestaciones económicas. Durante este año, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha adoptado varias medidas con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia de dependencia y reducir el número de personas pendientes de recibir la atención que precisan por su situación de dependencia.

Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales. Los gastos que se financian son los correspondientes al personal encargado de informar y orientar a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.

Para ello, el personal cuya contratación es financiada con cargo a este acuerdo contará con la titulación de Asistente Social o Diplomatura en Trabajo Social. Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social, y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.

Las entidades locales deberán destinar los fondos a la finalidad prevista, garantizando el desarrollo de las competencias que se asumen en la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Por otro lado, el acuerdo establece un seguimiento y control del importe financiado de forma concreta y transparente.