El Plan de Choque para la dependencia debería haber servido para reducir en 60.000 las personas en lista de espera de la dependencia en 2021 (un 25,8%), sin embargo, sólo lo ha reducido en un 16,7% (38.807 personas), tal y como refleja el XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención.

A principios de este año, 317.942 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia: 193.346 personas en el limbo de la dependencia (personas valoradas con algún grado y que están pendientes de recibir la prestación o servicio al que tienen derecho), a las que hay que sumar las 124.596 solicitantes que están pendientes de ser valorados.

Y con los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, se deberían que añadir 44.656 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio, y 34.189 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar. El 44% de las personas desatendidas son Grados III o II, advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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Los datos indican que el SAAD se reactiva, pero en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a dependientes con Grado I

Durante el pasado año se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 212.799 personas con solicitud de dependencia fallecidas. El exceso de mortalidad fue del 10,3%, en total 20.976 fallecimientos más de lo esperado. La tasa de mortalidad, si bien ha descendido significativamente respecto al primer año de la pandemia, se mantiene por encima de lo esperado. 46.300 personas fallecieron en España en las listas de espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia, apunta esta Asociación.

El SAAD se reactiva, pero a base de servicios de bajo coste

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236,49 euros (percibidas actualmente por 480.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, con importantes diferencias entre territorios:

  • 138,36 euros/mes para los Grado I
  • 240,59euros/mes para los Grado II
  • 333,73 euros/mes para los Grado III

Además, solamente 67.225 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,93 % del total de las personas cuidadoras), esto hace que no se ejecuten más de 70 millones de lo presupuestado por el Gobierno de España. 

Por otra parte, las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 423 euros/mes(Grado II) y 531 euros/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un “segundo copago” o copago invisible.

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,6 horas/mes, por grados 15,3 horas/mes para los Grado I; de 37,1 horas/mes para los Grado II y de 57,3 horas/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente.

En 2021 fallecieron 149.292 personas con resolución de prestación. De ellas el 32,1% eran personas beneficiarias con atención residencial y el 67,9%, personas atendidas en sus domicilios.  El número de personas fallecidas con resolución de prestación en domicilios apenas varía respecto a 2020, pero sí es significativo que durante 2021 hayan fallecido 24.866 (34,18%) personas que vivían en residencias menos que en 2020.

Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia, señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desde donde indican también que, pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día: -1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día.

El 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Desde hace una década no se obtenían datos tan positivos: hay 97.912 personas atendidas más que a principio de año 2021, lo que supone multiplicar por diez el aumento de personas atendidas en el año anterior. También se registran 59.105 personas más reconocidas en situación de dependencia que al inicio del año. 41.654 solicitudes más (+2,3%), 58.614 resoluciones más (+3,4%).

El pasado año, Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).

Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Las Comunidades que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.

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El tiempo de espera medio para lograr una prestación de dependencia es de 421 días

Por otra parte, el SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos económicos. En 2021, hay una ratio de 40 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 41,7%. Se han generado 27.453 nuevos empleos al incrementarse en 70.780 las personas que reciben servicios del sistema. 

A destacar también que se mantienen las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión: nueve comunidades aprueban la escala este año, y la media estatal logra el aprobado con 5,1, lo que confirma un avance del Sistema. Diez comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior.  La C. Valenciana aprueba por primera vez en la historia de 15 años. Cataluña (2,8) y Canarias (1,6) mantienen la última posición. Castilla y León (8,4), Castilla La Mancha (8,1) Andalucía (7,5) continúan como las tres mejores.

Las personas interesadas pueden acceder aquí al XXII Dictamen del Observatorio de la Dependencia.