Un artículo de David Igual Molina,
Profesor de la UPF-BSM – Socio Fundador de Pensium

Aunque puede parecer una solución práctica, vender la vivienda familiar para financiar la estancia en una residencia puede acarrear consecuencias emocionales, económicas y legales irreversibles.

En los últimos años, se ha popularizado la idea de que, ante el deterioro de la salud o la necesidad de cuidados permanentes, las personas mayores vendan su vivienda para costear el ingreso en una residencia. Sin embargo, expertos en gerontología, derecho de familia y planificación financiera advierten que esta decisión, aparentemente lógica, puede tener implicaciones negativas de largo alcance.

1. La vivienda es más que un activo: es hogar y estabilidad

Para muchas personas mayores, su casa no solo representa un bien económico, sino un espacio lleno de recuerdos, vínculos emocionales y una localización que les otorga seguridad. Abandonarla de forma definitiva puede generar sentimientos de pérdida, ansiedad y desarraigo.

2. Riesgo de pérdida del patrimonio familiar

Vender la vivienda equivale, en muchos casos, a liquidar el patrimonio de toda una vida. En contextos de mercado inmobiliario inestable, puede implicar pérdidas económicas importantes. Además, una vez gastado el dinero en el pago de la residencia, no hay marcha atrás: el mayor queda sin la propiedad y sin recursos para afrontar otras opciones.

3. Una mala decisión financiera en el largo plazo

En la mayoría de los casos, las viviendas tienden a revalorizarse con el paso de los años. Deshacerse del inmueble hoy puede suponer renunciar a una plusvalía futura importante. Desde el punto de vista patrimonial, mantener la vivienda constituye una inversión sólida y segura frente a la inflación y la volatilidad de otros activos financieros.

4. Penalización en el acceso a ayudas públicas

En muchas comunidades autónomas, la Ley de Dependencia tiene en cuenta el nivel de renta y patrimonio del solicitante a la hora de conceder ayudas. Aquí es clave una diferencia que a menudo se desconoce: el valor de la vivienda habitual no se computa como patrimonio a efectos del acceso a estas ayudas, mientras que el dinero en efectivo sí.
Esto significa que, tras la venta, el ingreso obtenido puede situar al solicitante por encima del umbral económico para acceder a prestaciones públicas o reducir significativamente su cuantía. Es decir, convertir una vivienda en liquidez puede terminar siendo perjudicial para el acceso a ayudas a la dependencia.

5. Cuidado con los supuestos beneficios fiscales

Con frecuencia se afirma que vender la vivienda habitual en la tercera edad está exento de tributación en el IRPF, lo cual es cierto bajo condiciones específicas, como que el vendedor sea mayor de 65 años y la vivienda vendida sea su residencia habitual.
Sin embargo, esta exención no significa que no haya otros gastos fiscales importantes asociados a la venta. Uno de ellos es el impuesto de plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que se paga al ayuntamiento y puede ser considerable si la vivienda se ha revalorizado. También hay que asumir gastos de intermediación inmobiliaria y otros gastos notariales o registrales, en función de la situación de la vivienda.

6. Consecuencias familiares y legales

La venta sin una adecuada planificación puede generar conflictos familiares, especialmente si hay herederos implicados. Además, si la persona mayor presenta algún grado de deterioro cognitivo, puede ser necesaria una autorización judicial o la intervención de un tutor legal. Todo esto añade complejidad, costes y riesgos al proceso.

7. Residencias: ¿solución definitiva o temporal?

No todas las estancias en residencias son permanentes. Algunas personas mayores se recuperan tras hospitalizaciones o crisis puntuales y desean volver a vivir en su hogar. Vender la vivienda cierra esa puerta para siempre.

8. Alternativas menos drásticas

Existen fórmulas como el anticipo de alquileres asegurados de la vivienda, la cesión de uso o la hipoteca inversa, que permiten obtener ingresos sin renunciar a la propiedad. Estas opciones ofrecen flexibilidad y seguridad patrimonial, especialmente si se evalúan con asesoramiento profesional.

Conclusión

Vender la vivienda para ingresar en una residencia puede parecer una decisión lógica, pero rara vez lo es desde el punto de vista emocional, financiero o legal. La vivienda no solo es un refugio y un símbolo de autonomía, sino también una inversión de valor creciente y una garantía frente a futuras necesidades.

Antes de dar este paso, es imprescindible informarse, valorar alternativas y tomar decisiones desde la tranquilidad, el asesoramiento y el respeto a la voluntad y bienestar de la persona mayor.