Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) se celebra las propuestas del anteproyecto del Gobierno para la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, pero recalca que ninguna reforma tendrá impacto real si no se garantiza antes el cumplimiento de la legislación vigente.

A juicio del CEDDD, este anteproyecto es un avance necesario para actualizar derechos y servicios clave, ya introduce mejoras importantes para dar respuesta a antiguas demandas del sector, pero en la actualidad miles de personas en España siguen atrapadas en listas de espera, barreras arquitectónicas, contratos precarios y procedimientos interminables que vulneran derechos fundamentales reconocidos desde hace años.

En este sentido desde el CEDDD se recuerda que a 30 de junio de 2025, 286.861 personas permanecen en lista de espera para recibir ayuda. Solo en 2024, 34.252 personas fallecieron sin recibir la prestación a la que tenían derecho: 17.158 murieron sin haber sido valoradas y 17.094 con grado reconocido, pero sin prestación efectiva. El tiempo medio de tramitación se sitúa en 342 días, casi el doble del máximo legal de 180 días.

A este ritmo, se tardarían más de 90 años en atender a todas las personas pendientes. Comunidades como Canarias, Andalucía o Murcia superan los 12 meses de retraso, mientras solo Ceuta, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco y Castilla y León cumplen los plazos.

Mejorar la accesibilidad universal y la capacidad jurídica

Por otra parte, España sigue teniendo más de 1,2 millones de edificios sin ascensor, lo que impide que miles de personas puedan salir de su propia vivienda. Inspecciones municipales detectan rampas mal diseñadas, barandillas ausentes y bordillos que incumplen la normativa básica chocan frontalmente con lo establecido en la normativa de Accesibilidad, según ha podido conocer CEDDD a través de denuncias de particulares.

Otra asignatura pendiente es la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y dependencia. España reformó su Código Civil para eliminar la incapacitación judicial y sustituirla por sistemas de apoyo y toma de decisiones con asistencia. No obstante, miles de personas siguen sin ver revisadas sus sentencias y carecen de apoyos efectivos para decidir sobre su propia vida. No existen datos públicos y actualizados que permitan evaluar cuántas personas han recuperado de forma real su capacidad jurídica.

Condiciones laborales y la financiación del sistema

El CEDDD también señala que el nuevo texto refuerza la protección de cuidadores familiares y profesionales, pero la realidad muestra que sus condiciones laborales siguen siendo muy precarias: el 47% tiene contratos parciales, los salarios son un 35% inferiores a la media y la conciliación es casi imposible.

Ante esta situación, muchas personas, mayormente mujeres, acaban por abandonar el trabajo para dedicarse en exclusiva a cuidar a su ser querido. En términos económicos, el trabajo de estas cuidadoras principales ahorra al Estado el 3% o el 4% del PIB.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la ley establece que la financiación del sistema de dependencia debe ser compartida al 50% entre Estado y comunidades autónomas. Sin embargo, la aportación estatal hoy apenas alcanza el 27,6 %. Esto perpetúa grandes desigualdades territoriales: por ejemplo, en la Comunidad Valenciana 83.185 personas están a la espera y 1.467 murieron en 2024 sin recibir ayuda. Y en Baleares la demora media fue de ocho meses, con dos muertes diarias por listas de espera.

Teleasistencia, un derecho subjetivo para toda persona dependiente

La reforma eleva la teleasistencia a derecho subjetivo para toda persona dependiente, sin restricciones territoriales. Sin embargo, solo alrededor del 40% de quienes la necesitan la reciben actualmente. El Fondo Estatal para Accesibilidad y los nuevos préstamos de productos de apoyo deben gestionarse de forma ágil y sin barreras burocráticas para llegar a quienes más lo necesitan. De lo contrario, lo propuesto en la ley se quedará en papel mojado.

Por todo ello, desde el CEDDD se reclama a todas las administraciones que las reformas de las leyes de Discapacidad y Dependencia «no se conviertan en una declaración de intenciones sin dotación presupuestaria ni controles reales. Exigimos una reducción drástica de las listas de espera mediante más personal y mejor gestión».

«Reclamamos accesibilidad real y efectiva, con inspecciones y ayudas suficientes para adaptar edificios, espacios públicos y entornos de trabajo. Instamos a aplicar la reserva legal de empleo sin más excusas y a reforzar la Inspección de Trabajo. Pedimos recursos y formación para garantizar la capacidad jurídica efectiva de todas las personas. Y reclamamos condiciones laborales dignas para quienes sostienen día a día el sistema de cuidados».