Su historia plantea una pregunta al sector: por qué, cuando una persona mayor pierde su vivienda, la respuesta que se le ofrece es una residencia.
Un artículo de Marlen Balboa,
Licenciada en Sociología y profesional del ámbito sociosanitario
¿En qué momento una plaza residencial pasa a ser la respuesta a la pérdida de una vivienda?
Maricarmen fue desahuciada a los 87 años de la casa donde había vivido más de siete décadas. La alternativa de alojamiento que le ofrecieron las administraciones fue una residencia. Ella quería volver a su casa. El 29 de septiembre de 2026, su abogada comunicó a RTVE que había aceptado las condiciones de un acuerdo que permitiría su regreso, pendiente entonces de firma. [1, 2, 5]
No conocemos todas sus necesidades ni podemos valorar desde las noticias la intervención profesional. Tampoco es ese el propósito de este artículo. La pregunta es otra: por qué, ante la pérdida de una vivienda, el alojamiento propuesto fue una residencia. Una plaza residencial resuelve dónde vivir, pero trae consigo una forma de vida: horarios, normas, convivencia con personas desconocidas y cuidados organizados por otros. Aceptarla significa aceptar también todo eso.
El caso permite mirar una realidad más amplia: cuando una persona mayor pierde su casa, la residencia aparece con facilidad como respuesta, aunque el problema de partida sea de vivienda. Después, ese ingreso puede parecer una consecuencia inevitable de su edad o su dependencia.
Lo que ocurre antes del ingreso
La residencia puede convertirse en el último recurso de una cadena de dificultades: una casa que se pierde, una vivienda inaccesible, cuidados que no llegan o una familia que ya no puede sostenerlos. La Estrategia estatal de cuidados en la comunidad reconoce las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda como factores de riesgo y posibles desencadenantes de institucionalización. [3]
La relación entre vivienda y cuidados funciona en ambos sentidos. Perder la casa puede precipitar un ingreso. Necesitar cuidados sin disponer de apoyos suficientes puede hacer inviable quedarse, incluso teniendo vivienda.
Conozco casos de personas que han vendido su casa para pagar una residencia porque no disponían de quien las cuidara. No puedo convertir esas experiencias en una cifra. Pero muestran una decisión de enorme alcance: transformar el hogar y el patrimonio en el dinero con el que comprar una promesa de cuidado. Si después la atención no responde a lo esperado, la posibilidad de regresar puede haber desaparecido.
Saber cuántas personas viven hoy en una residencia después de dejar una casa que no querían abandonar exigiría conocer, en cada caso, qué alternativas se ofrecieron antes del ingreso, si eran asequibles y suficientes, y qué quería la persona. Aceptar la única opción disponible no equivale a haber podido elegir entre alternativas reales.
Cuando la edad empieza a decidir
¿Por qué una residencia? Cuando quien pierde su casa tiene 87 años, esa respuesta puede parecer razonable sin necesidad de explicarla. Ahí conviene detenerse. La Organización Mundial de la Salud define el edadismo como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia las personas por razón de su edad. [7]
Ofrecer una residencia no demuestra, por sí solo, edadismo. El riesgo aparece cuando la edad sustituye a la pregunta: cuando presumimos que, por ser mayor, una persona ya no puede decidir dónde vivir, o restamos valor a sus preferencias sin explorar otras opciones. Necesitar ayuda para levantarse o asearse no implica perder la capacidad de decidir.
La falta de recursos y el edadismo pueden coexistir, pero no son el mismo problema. Confundirlos lleva a atribuir a la edad lo que es falta de alternativas, o a justificar con la falta de alternativas lo que es un prejuicio.
Defender la voluntad de una persona mayor tampoco significa exigir que permanezca en casa a cualquier precio. Un domicilio sin accesibilidad, atención suficiente o respuesta ante imprevistos puede ser un lugar de desprotección, y las familias que lo sostienen necesitan ayuda y descanso. La elección exige alternativas que puedan sostenerse, sin que todo dependa de cuánto aguanten quienes cuidan. Fundación Pilares ha documentado dificultades de autonomía e intimidad tanto en residencias como en hogares familiares: el lugar, por sí solo, no garantiza el buen cuidado. [4]
La promesa de cuidado también debe cumplirse
La pregunta por la vivienda sigue abierta después del traslado. Si la residencia es la nueva casa, debe poder vivirse como un hogar. Allí transcurre un martes cualquiera: se duerme, se reciben visitas y se decide sobre asuntos propios. Organizar la convivencia es necesario; también lo es revisar qué normas protegen a las personas y cuáles restringen sus elecciones sin una justificación suficiente.
Compartir habitación con alguien desconocido puede exigir renuncias importantes. Y cuando una persona acaba pendiente de si su compañero necesita ayuda, avisa una y otra vez al personal o siente que debe velar por él, conviene preguntarse qué responsabilidad está asumiendo. La solidaridad entre residentes no debería convertirse en una obligación tácita para cubrir necesidades de atención.
He trabajado en residencias. Conocer a quien se cuida lleva tiempo: aprender cómo expresa dolor, qué ayuda acepta o qué le permite sentirse tranquilo. Las prisas y los cambios frecuentes de profesionales pueden dificultar ese conocimiento. La continuidad necesita equipos, información y tiempo para cuidar. Quien llega buscando atención debería encontrar esas condiciones.
Una residencia elegida puede aportar seguridad, compañía y bienestar; también debe preservar la capacidad de decidir de quien vive en ella.
Qué debería cambiar con la reforma
La Ley 4/2026, con entrada en vigor fijada para el 23 de octubre de 2026, conecta directamente con este debate. Incorpora al catálogo de la dependencia los cuidados y apoyos en viviendas y la asistencia personal, reorienta la atención residencial hacia un entorno hogareño e inclusivo y prevé estándares comunes de calidad que tengan en cuenta tanto a quienes reciben los cuidados como a quienes los prestan. [6]
Si ante la pérdida de una vivienda la única alternativa disponible es una residencia, la elección queda reducida antes de empezar. Para el sector, la oportunidad está en convertir las previsiones de la reforma en opciones reales antes de que una urgencia decida por la persona. Eso requiere financiación, servicios accesibles en cada territorio y coordinación entre vivienda, servicios sociales y sanidad. Y, después de un ingreso, revisar con la persona si descansa, conserva su intimidad, mantiene sus vínculos y recibe respuesta cuando algo le preocupa. Escuchar debe permitir corregir lo que no funciona.
Maricarmen ha hecho visible una pérdida de vivienda. Su historia nos invita a preguntarnos por qué la respuesta ofrecida fue una residencia. La medida del cambio será que necesitar cuidados no obligue a aceptar una forma de vida por falta de alternativas, y que quienes elijan una residencia encuentren en ella condiciones de hogar.
Fuentes:
Referencias de apoyo para la edición. Las llamadas numeradas remiten a las siguientes fuentes. Las noticias documentan los hechos y declaraciones que sirven de punto de partida al análisis.
1. Europa Press (23 de septiembre de 2026). Declaraciones de la Comunidad de Madrid sobre el ofrecimiento de una plaza residencial a Maricarmen. Consultar fuente
2. RTVE Noticias (29 de septiembre de 2026). Maricarmen acepta el acuerdo con la empresa propietaria de su casa, a la que regresará cuando salga del hospital. Consultar fuente
3. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (2024). Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024–2030). Véanse pp. 22, 39 y 66: vivienda y riesgo de institucionalización. Consultar fuente
4. Fundación Pilares para la Autonomía Personal (2019). Derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana. Estudio n.º 6; síntesis de resultados. Consultar fuente
5. EFE (25 de septiembre de 2026). El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a casa. Recoge el alojamiento residencial municipal ofrecido por el Ayuntamiento. Consultar fuente
6. Ley 4/2026, de 1 de octubre, de modificación de las leyes de discapacidad y dependencia. BOE de 3 de octubre de 2026, BOE-A-2026-20528. Preámbulo y artículo segundo (modificación de la Ley 39/2006); disposición final vigesimoctava (entrada en vigor). Consultar fuente
7. Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento: edadismo (preguntas y respuestas). Definición de edadismo. Consultar fuente
Sobre la autora
Marlen Balboa Álvarez es licenciada en Sociología, con experiencia en docencia universitaria y atención directa en residencias de mayores. Actualmente cursa el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Sus líneas de interés se centran en la organización del trabajo, las condiciones del cuidado y la autonomía de las personas.
ORCID: 0009-0005-1699-1392
