La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) exigen a las administraciones públicas que avancen hacia el cumplimiento real y efectivo de los derechos sanitarios y sociales de los colectivos más vulnerables. Especialmente hacen referencia los derechos de pacientes que afrontan mayores barreras de acceso, continuidad asistencial, cuidados y participación, como son las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónicas.

Desde ambas plataformas se denuncia que, aunque los derechos de los pacientes están ampliamente reconocidos y recogidos en la normativa nacional y autonómica, su aplicación práctica sigue siendo desigual e insuficiente, generando situaciones de desprotección y vulneración de la autonomía personal de miles de pacientes.

Entre los factores que continúan dificultando una atención equitativa, personalizada y continua cade destacar:

• la inequidad territorial
• la fragmentación entre el sistema sanitario y el social
• la brecha digital
• la falta de participación efectiva
  
  

Tal y como advierte el ‘Observatorio de la Atención al Paciente 2025’ de la POP, la brecha digital limita el acceso de las personas mayores con enfermedad crónica o con discapacidad a herramientas y servicios sociosanitarios. Además, el mismo informe señala que la implementación autonómica de la integración sanitaria y social sigue siendo heterogénea y que, aunque la mayoría de las comunidades autónomas contempla acciones específicas dirigidas a pacientes mayores o con cronicidad compleja, las mujeres con enfermedad crónica constituyen el grupo con menor cobertura específica entre los colectivos analizados, pese a su mayor carga de cuidados.

Por su parte, la PMP advierte que las personas mayores siguen encontrándose con importantes barreras estructurales para ejercer plenamente sus derechos como pacientes, entre las que destacan, sobre todo:

• las grandes demoras en las listas de espera
• la fragmentación de la atención
• una digitalización acelerada que, en muchos casos, se traduce en exclusión y dificultades añadidas

A este respecto, la PMP alerta que la brecha digital continúa limitando el acceso a la atención sanitaria, a la información y a los sistemas de cita y seguimiento médico, en especial entre personas mayores con menor alfabetización digital o con problemas de accesibilidad.

Además, también reitera que la mayoría de las personas mayores convive con una o varias enfermedades crónicas, lo cual exige un sistema sanitario capaz de ofrecer:

• acceso ágil a los servicios cuando se precisa
• continuidad asistencial
• coordinación sociosanitaria
• un enfoque centrado en la persona y no únicamente en la patología

Asimismo, en el contexto de la creciente digitalización, la POP subraya que la transformación tecnológica solo será compatible con los derechos de los pacientes si va acompañada de transparencia, alfabetización digital y supervisión humana.

El informe ‘Inteligencia Artificial en salud: Perspectivas de pacientes y familias’ de septiembre de 2025, elaborado por la POP, señala que persisten importantes necesidades de información, confianza y acompañamiento en este ámbito, lo que refuerza la importancia de que la innovación sanitaria avance con garantías éticas, comprensibilidad y participación de los pacientes.

Igualmente, la POP recuerda que el impacto de la cronicidad no se limita al ámbito clínico. El ‘Informe 2025 de la Clínica Legal’ de la POP confirma además que muchas de estas barreras terminan traduciéndose en dificultades reales para ejercer derechos.

Por todo ello, la presidenta de la POP, Carina Escobar, reitera que “no basta con reconocer derechos sobre el papel: hay que garantizar que puedan ejercerse de forma real y en igualdad de condiciones. Eso implica asegurar accesibilidad, continuidad asistencial, coordinación sociosanitaria, participación y apoyo a las personas cuidadoras, especialmente a las mujeres mayores, que siguen sosteniendo buena parte de los cuidados”.

La PMP también pone el foco en la situación de las mujeres mayores cuidadoras, que con frecuencia asumen tareas de cuidado intensivo sin apoyos suficientes, lo que repercute negativamente en su propia salud y en el ejercicio de sus derechos como pacientes. Muchas de estas mujeres sufren una triple discriminación por razón de edad, género y su rol de cuidados. Por lo tanto, la PMP ha demandado políticas públicas que reconozcan su papel, garanticen apoyos adecuados y aseguren su derecho a cuidarse y a recibir una atención sanitaria en condiciones de igualdad.

Además, la PMP ha insistido en que los derechos de los pacientes no pueden entenderse sin el derecho a la información, a la participación y a la toma de decisiones informadas sobre la propia salud. “La participación de las personas mayores no puede ser simbólica; es imprescindible escuchar su voz a través de sus organizaciones para atender sus necesidades específicas, incorporando su experiencia, y así garantizar una buena atención en condiciones de igualdad y respeto”, subraya el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire.

Por todo ello, la PMP y la POP hacen un llamamiento urgente a las administraciones públicas y al conjunto del sistema sanitario y social para:

• garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de pacientes y personas mayores
• reforzar la accesibilidad y la equidad territorial
• reducir la brecha digital sin deshumanizar la atención
• impulsar una atención sociosanitaria integrada y centrada en la persona
• reconocer y apoyar a las personas cuidadoras
• incorporar de forma real la voz de pacientes y mayores en la planificación, la gobernanza y la evaluación de las políticas públicas