Los riesgos para la salud derivados de las olas de calor no responde exclusivamente a factores biológicos individuales, sino también a las condiciones socioeconómicas, de vivienda y laborales, tal y como advierte laSociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).
Las olas de calor que azotan la península Ibérica se consolidan como un problema crítico de salud pública con un marcado trasfondo de desigualdad social. Con más de 1.500 fallecimientos atribuibles al calor en lo que va de verano, las mujeres mayores que viven solas, las personas dependientes y las familias en situación de precariedad son colectivos que se encuentra en una situación de especial riesgo.
Ante esta situación, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha emitido una alerta urgente para recordar que combatir esta mortalidad exige mirar más allá de las patologías médicas y poner el foco sobre factores estructurales como la pobreza energética a la hora de diseñar las políticas públicas de prevención.
Los datos analizados por las sociedades médicas evidencian la dimensión del fenómeno: el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) ha contabilizado hasta la fecha más de 1.300 muertes atribuibles directamente al exceso de temperatura durante el actual periodo estival.
Estas cifras continúan la tendencia de años precedentes, como el anterior ejercicio, en el que se produjeron 3.235 decesos por causas térmicas, concentrándose el 87% de ellos (2.808 casos) en los meses de verano.
Determinantes sociales de la salud en la protección ante las olas de calor
Para los expertos, este escenario constata de forma fehaciente que los determinantes sociales condicionan la capacidad real que tiene una familia para protegerse de las temperaturas extremas.
Tal y como señala Sandra Robles, médica de familia y coordinadora del Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud de la semFYC, “la susceptibilidad de las personas a las temperaturas extremas no depende en exclusiva de factores individuales, si no que tiene una relación muy estrecha con las condiciones en las que vivimos y trabajamos, es decir, con los determinantes sociales de la salud”.
La denominada vulnerabilidad o pobreza energética se sitúa en el centro de este riesgo. Los datos indican que entre un 17% y un 33% de los hogares españoles —según diferentes estudios sectoriales— soporta un gasto energético totalmente desproporcionado en comparación con sus ingresos económicos familiares.
Esta asimetría presupuestaria fuerza a las familias vulnerables a adoptar decisiones críticas de autolimitación, tales como apagar los sistemas de climatización o ventilación mecánica, restringir determinados consumos del hogar y limitar la movilidad diaria para no incurrir en costes inasumibles. Estas conductas agravan de manera directa el riesgo de padecer deshidratación, síncopes por calor, agotamiento severo y descompensaciones agudas de enfermedades orgánicas preexistentes.
“La vulnerabilidad energética es una forma más de manifestación de pobreza. Además, las familias con menores ingresos viven en hogares más antiguos e ineficientes y el acceso a equipamientos que mejoren las condiciones de confortabilidad en situaciones de calor extremo es menor”, advierte la Dra. Robles.
Radiografía de la vulnerabilidad: género, edad y cronicidad
El análisis de los perfiles más expuestos al estrés térmico permite trazar una doble vertiente de vulnerabilidad en la sociedad:
- Por un lado, se identifica un eje puramente sociosanitario que engloba a los extremos demográficos (personas mayores y menores de cuatro años), a los pacientes aquejados de patologías crónicas concurrentes —como insuficiencia renal, afecciones cardiovasculares, diabetes, demencias, EPOC u obesidad— y a aquellas personas que por su situación de dependencia funcional se ven obligadas a permanecer confinadas de forma continuada en sus domicilios particulares.
- Por otro lado, emerge con fuerza un perfil condicionado por variables estructurales de carácter puramente socioeconómico y habitacional.
Desde la semFYC se advierte de que el impacto nocivo de las olas de calor muestra un sesgo demográfico desfavorable hacia la población desempleada, colectivos migrantes procedentes del sur global y aquellas personas que habitan inmuebles antiguos construidos de forma previa a los años 80 bajo estándares de baja eficiencia térmica.
Asimismo, existe una brecha de género muy evidente: las altas temperaturas impactan con una virulencia significativamente mayor sobre las mujeres de edad avanzada que viven solas y sobre los núcleos familiares de carácter monomarental.
“Además, el propio calor también favorece el aumento de la siniestralidad laboral y los accidentes de tráfico, el número de ahogamientos (que no deja de subir cada vez más desde meses más tempranos en los últimos años) y las intoxicaciones alimentarias”, indica al coordinadora del Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud de la semFYC.
El papel de la Atención Primaria y la necesidad de medidas estructurales
Ante este panorama, las consultas de Atención Primaria se configuran como la primera línea de contención frente a los efectos del cambio climático. Los facultativos de familia despliegan diversas acciones preventivas orientadas a mitigar los riesgos, entre las que destacan:
- la identificación sistemática de perfiles de alto riesgo (como operarios que ejercen su actividad en el exterior o pacientes pluripatológicos geriátricos)
- la modificación y el ajuste farmacológico adaptado a las condiciones ambientales extremas
- la realización de visitas médicas a domicilio
- el seguimiento proactivo en consulta, activando de forma coordinada las redes de apoyo vecinal y familiar de los afectados
Para optimizar esta intervención, los profesionales clínicos disponen de herramientas avanzadas de salud ambiental en su práctica clínica diaria, tales como los planes nacionales de prevención, el sistema de alertas tempranas de Meteosalud o el Índice Kairós, un modelo analítico que monitoriza diariamente los umbrales de riesgo de mortalidad según la edad del paciente y su ubicación geográfica.
Asimismo, se están explorando propuestas de cribado de pobreza energética en consulta —como las pautadas experimentalmente por el Servei Català de la Salut— basadas en la detección de signos clínicos térmicos y cuestionarios específicos sobre habitabilidad y capacidad de pago de suministros.
No obstante, la semFYC recalca que la intervención puramente asistencial resulta insuficiente si no va acompañada de una transformación decidida del entorno. El mayor impacto positivo sobre la salud colectiva provendrá, en última instancia, del desarrollo de medidas estructurales vinculadas de forma directa a decisiones políticas:
- la mejora efectiva de las condiciones laborales de exposición
- el control y reducción drástica de las emisiones contaminantes,
- la revisión del marco de fijación de precios del mercado eléctrico
- el impulso a la rehabilitación bioclimática integral de los parques de vivienda envejecidos
- una planificación arquitectónica urbana vertebrada bajo criterios rigurosos de sostenibilidad energética y equidad social
