/p>El Gobierno central está ultimando los detalles de la que será la Tarjeta Social Universal, que incluirá todas las prestaciones de contenido económico gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
geriatricarea Tarjeta Social Universal
En una reciente reunión en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se han analizado los avances en el diseño de la Tarjeta Social Universal

También incorporará las situaciones subjetivas de los beneficiarios, entre otras, las personas con discapacidad, las familias numerosas, la condición de trabajador autónomo o jóvenes inscritos en la garantía juvenil, por ejemplo. De esta forma, la Tarjeta Social Universal permitirá acreditar la situación de cada ciudadano ante las Administraciones Públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales.
Además, esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones Públicas encargadas de diseñar las políticas sociales un mapa de prestaciones y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones que requieren actuaciones públicas, mejorando la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales.
Permitirá, asimismo, ampliar los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.
El impulso de la Tarjeta Social Universal es un mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Para su desarrollo el pasado mes de abril se constituyó un grupo de trabajo compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto.
En este sentido, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) del pasado 30 de enero aprobó por unanimidad el apoyo al proyecto. Por otro lado, la Tarjeta Social Universal también está siendo analizada en una de las mesas de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.