La Corporación del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida «por la defensa de la dignidad de la geriatría«.
En el texto se reclama una Ley marco nacional que unifique «los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales para personas mayores» y se insta a los gobiernos autonómico y al estatal a que aumenten las ratios en los centros residenciales, que se proporcionen los medios y recursos necesarios para que los profesionales puedan atender de manera adecuada a las personas residentes y que se intensifiquen las inspecciones.
Mejoras en las condiciones del personal
Por otra parte, el Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado, por unanimidad, una moción para solicitar mejoras en las condiciones del personal que trabaja con personas mayores. Y para ello también se ha acordado instar a la aprobación de una Ley marco nacional, aumentar las ratios y los medios materiales adecuados y los recursos suficientes para proporcionar una atención de calidad.
Asimismo se insta a reforzar las labores de inspección de la administración autonómica sobre las residencias de mayores, para asegurar el cumplimiento de sus fines con la calidad y profesionalidad debidas, aplicando sobre los responsables de su incumplimiento las medidas que correspondan en derecho, así como apoyar las reivindicaciones laborales de la Plataforma por la Dignidad en Geriatría y de las secciones sindicales para alcanzar un convenio digno para el personal de las residencias.
Este acuerdo, que fue adoptado a propuesta del portavoz de Esquerra Unida, Guillermo Sampedro, establece que la atención residencial debe entenderse como un recurso integrado en un sistema general, que atiende de manera temporal o indefinida a personas mayores que por su situación de dependencia o por sus circunstancias personales, encuentran en los servicios allí dispensados la manera más adecuada de ser atendidas y de desarrollar adecuadamente su propia vida.
Esta atención debe garantizar una carta de servicios, desarrollando para ello un espacio de alojamiento, convivencia, socialización y cuidados ajustados a las necesidades de las personas usuarias, como explica la moción.
Tal y como expresan desde este Consistorio, como consecuencia de la crisis, la dependencia, uno de los pilares del Estado de bienestar, ha sido junto con la sanidad y la educación, un sector muy castigado, lo que ha repercutido negativamente en las condiciones de trabajo de sus profesionales. «Lo más grave es que esta precariedad afecta a la calidad de la atención que reciben nuestros mayores. Además, al ser un sector muy feminizado, el desempeño de esta profesión está aún más devaluado. No se cumplen las ratios, no hay los materiales necesarios para asistir correctamente a los usuarios, por lo que los profesionales deben realizar sobreesfuerzos para desplazar a las personas rápidamente, repercutiendo negativamente en su salud, los salarios son indignos (sobre los 900 euros mensuales brutos), no se cumplen los convenios que, además, han quedado sobrepasados desde hace años, etc», afirman desde este municipio.
