El Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.
El Gobierno ha recibido el respaldo de la mayoría de la Cámara, a excepción del Partido Popular y Vox, por lo que continúa su tramite parlamentario esta iniciativa con la que «se quiere dar respuesta a una demanda social para regular este nuevo derecho, sobre la base de los principios constitucionales de libertad de las personas, de respeto a su integridad física y moral, de su intimidad y dignidad», afirman desde el PSOE.
La diputada y exministra de Sanidad Luisa Carcedo ha defendido esta iniciativa y solicitado el apoyo de la Cámara, subrayando que la sociedad “respalda mayoritariamente esta regulación y los responsables públicos debemos estar a la altura”, por “respeto a la dignidad humana, por consideración y también por compasión, por ponernos en el lugar del otro”.
En su intervención ante el Parlamento, la diputada socialista repasó varios casos de ciudadanos y ciudadanas en situación terminal que, en ausencia de una norma legal, tuvieron que acudir a distintas vías para poder ver cumplido su deseo de poner fin a su vida, y del sufrimiento que esta situación generó en sus familias y sus entornos, que en algunas ocasiones tienen que afrontar consecuencias legales por cumplir el compromiso que adquirieron con estas personas.
Carcedo se hizo eco de casos conocidos a través de los medios de comunicación, como los de Ángel Hernández y su mujer María José Carrasco, que “quisieron hacer pública la situación y continuar luchando para lograr una ley que pueda ayudar a otras personas en una situación similar a la que tan dolorosamente les tocó vivir. Una ley que regule un nuevo derecho: derecho a morir dignamente”.
En opinión de Carcedo, esta ley “no es solo la despenalización de la ayuda a morir”, sino que establece “una regulación garantista” del procedimiento, destacado que “esta ley no obliga a la eutanasia, pero si establece un nuevo derecho: poder solicitar ayuda para morir dignamente. Un derecho que voluntariamente solicitan personas que consideran que su deterioro y su sufrimiento es incompatible con la integridad física o moral, con su dignidad y su intimidad, derechos fundamentales todos ellos protegidos por la Constitución Española”.
La Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia establece el derecho a solicitar ayuda para morir, basado en una decisión personal, consciente, informada, meditada, mantenida en el tiempo y libre de cualquier presión económica, social y familiar, que debe ser reiterada dos ocasiones y en un espacio de tiempo de, al menos, 15 días, tratandose de decisión personal, no delegable en terceros.
Entre los requisitos para poder acogerse a este nuevo derecho se establece que la persona sea mayor de edad y padecer una enfermedad grave, incurable que cause gran sufrimiento, dolor o invalidez que les resulta insoportable y que no presente una situación de ‘muerte inminente’. Con carácter previo, la persona debe ser informada, de forma comprensible sobre las alternativas terapéuticas y las posibilidades de los cuidados paliativos por parte del médico responsable. La ley regula también la objeción de conciencia de los médicos, establece la creación de un Registro de objetores y despenaliza la ayuda para morir, modificando el artículo 143.4 del Código Penal.
