El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha creado el Consejo Sectorial CEDDD de Personas Mayores para apoyar y proponer respuestas a la actual dramática situación que está sucediendo en las residencias tanto públicas como privadas.

Además, una vez superado la actual pandemia del COVID19, el Consejo Sectorial CEDDD de Personas Mayores orientará sus esfuerzos de la mano de los miembros y colaboradores más importantes del CEDDD, a definir cómo debe ser un nuevo modelo de dependencia que además de garantizar los derechos y la atención de las personas mayores y/o en situación de dependencia, dicho modelo ofrezca protocolos y una protección reforzada para estas personas ya que en casos de crisis sanitarias, son los que más sufren en esta situaciones.

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El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia ha creado el Consejo Sectorial CEDDD de Personas Mayores para proponer soluciones a los problemas de la atención residencial y las personas mayores

La puesta en marcha de esta Consejo Sectorial se enmarca en la actual crisis sanitaria en la atención residencial y a las personas mayores puesta de relieve por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) que ha elaborado el ‘Manifiesto por la Sanidad Universal dentro de lo Social’, documento al que el CEDDD muestra su incondicional apoyo y manifiesta su sincero agradecimiento a todos los profesionales por su impecable labor estas semanas tan duras y por supuesto, el apoyo a las personas mayores y/o en situación de dependencia y a sus familias que tanto están sufriendo por la actual pandemia.

El contenido del Manifiesto firmado por Cinta Pascual,Presidenta de CEAPS, es el siguiente

La pandemia del COVID-19 ha puesto en una situación crítica al conjunto de la atención residencial y a las personas mayores en todo el país. Una realidad que afecta tanto a centros públicos como privados, grandes y pequeños en toda nuestra geografía con un impacto muy significativo en grandes núcleos de población. Durante más de un mes las organizaciones y profesionales del sector social hemos visto como la epidemia avanzaba segando vidas y dejando en una situación crítica a muchos centros a pesar del esfuerzo titánico de organización, gestión y cuidado.

Estamos reclamando con firmeza ayuda a la Administración para que nos proporcione los recursos que permitan luchar contra el coronavirus y poder proteger de la mejor manera posible a nuestros residentes y profesionales. Ya en estos últimos días, con desesperación, hemos rogado que los organismos públicos nos facilitasen equipos de protección y tests diagnósticos para personas usuarias y profesionales.

En definitiva, ayuda para impedir que cuando apareciese un caso en un centro éste no se convirtiese en un vehículo de transmisión dentro del mismo.Estas reiteradas demandas no han sido atendidas con la rapidez que la gravedad del momento exigía y, por eso, muchos de nosotros hemos pedido al Gobierno Central y los autonómicos que la autoridad sanitaria tomase inmediatamente el control sanitario de los centros residenciales puesto que la emergencia que vivimos no es una emergencia social sino una emergencia sanitaria.

Por parte de las autoridades públicas hemos escuchado palabras de ánimo y la promesa de priorizar el apoyo a los centros residenciales pero todos los que estamos día a día con las personas mayores sabemos que estas palabras no se han traducido en acciones reales valientes y decididas encaminadas a frenar la extensión del COVID-19 entre nuestros residentes y trabajadores.

Por eso, y ante la publicación del Orden Ministerial SND/322/2020, de 3 de abril, exigimos de las Comunidades Autónomas, encargadas de su aplicación, su inmediato y total cumplimiento, en especial en lo que hacer referencia a:

  1. Que la autoridad sanitaria tome el control efectivo de la situación desde el punto de vista de Salud con una supervisión constante y efectiva de las medidas que serecogen.
  2. Que los centros y profesionales dispongan de manera inmediata de los EPIs necesarios para realizar las tareas de atención a las personas garantizando la seguridad de los trabajadores.
  3. Que tanto las personas usuarias como las profesionales tengan un acceso inmediato a los test diagnósticos para poder ejecutar una planificación efectiva de los recursos de los centros, garantizar su salud y poder tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para frenar el avance del COVID-19.
  4. Que se implemente un mecanismo de recogida de información único y eficientes evitando las duplicidades existentes que crean confusión, ineficacia y agotamiento de profesionales y gestores.

Las personas mayores que viven en los centros residenciales son ciudadanos enplenitud de sus derechos y, por su situación de fragilidad necesitan y merecen una especial intervención por parte de las autoridades públicas y del conjunto de la Sociedad. Desde el sector, organizaciones, gestores y profesionales expresamos nuestro compromiso, dedicación y decisión de no rendirnos y luchar por sus derechos. Si la calidad de una sociedad se mide por los esfuerzos que hace esta por cuidar a los más débiles, este es el momento de demostrarlo con decisión y valentía.