La Fundación Edad&Vida, entidad dedicada a la mejora de la calidad de vida y bienestar de las personas mayores, propone que el Gobierno colabore con el sector privado para llevar a cabo la dotación y distribución de Equipos de Protección Individual (EPIs) de forma “ágil, justa y correcta” a todos los sectores considerados como esenciales, entre los que destacan las residencias de mayores, que son precisamente las más castigadas por la pandemia del coronavirus.

Desde que comenzó la crisis provocada por el Covid-19, hospitales, centros de salud, residencias, funerarias, industrias farmacéuticas, alimentarias y empresas de limpieza y transporte, además de ONGs y entidades sociales, han tenido dificultades para proveerse de EPIs y, por consiguiente, para poder seguir prestando los servicios de forma adecuada garantizando la salud y bienestar públicos.

Y es que, la Fundación Edad&Vida considera que la “carencia generalizada de estos equipos se debe a la enorme complejidad logística derivada de la situación» y por eso propone que sea el Estado el que comparta esta gestión con las autonomías y con el sector privado.

En este sentido, el presidente de la entidad, Joaquim Borras, recalca que se trataría de compartir la responsabilidad. “El Estado continuaría proveyendo los materiales de protección tal y como lo está realizando, a comunidades autónomas, grandes hospitales y residencias públicas y, por otro lado, empresas experimentadas en distribución, acreditadas y controladas, llevarían a cabo la provisión al resto de las compañías que realizan actividades esenciales”, subraya.

Según Borras “la complejidad logística de micro-distribución que sería necesaria sólo la pueden llevar a cabo empresas especializadas y con presencia descentralizada y local”. Por ello, plantea una mayor cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las empresas experimentadas en la distribución de EPIs.

Así, la propuesta de la Fundación Edad&Vida se basa en regular la compra de EPIs y organizarla a través de empresas especializadas en distribución, para que también puedan comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales. Sin embargo, advierten que es necesario cumplir con ciertos criterios.

De esta manera, proponen que, para evitar el abuso, se exija a las empresas una experiencia previa en la compra y distribución de EPIs. Además, entre los requisitos esenciales está la redacción de un código ético de obligado cumplimiento que defina las prioridades del Estado en la asignación de EPIs, la en la Homologación de los Equipos y en los márgenes a aplicar sobre los precios de compra (se deberá fijar un margen máximo).

Por último, proponen que se mantenga la obligación de comunicación con el Estado, pero sin “confiscación” posible, salvo casos excepcionales, para así agilizar la emisión de salvoconductos a la importación entre las empresas que hayan sido acreditadas.

Por otra parte, en su propuesta también incluyen que se faciliten las posibilidades de compra del sector público y que se deroguen de forma transitoria los controles que ralentizan el proceso de compra de las instituciones públicas sanitarias que, entre otras limitaciones, impiden el pago rápido por adelantado de los materiales que se necesitan.