El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

El ministro Pablo Bustinduy destaca que con esta reforma legislativa se va a implantar “un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”. En este sentido, los cambios normativos aprobados por el Gobierno tratan de garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y va a ampliar el catálogo de servicios a los que pueden optar.

El ministro Bustinduy recalca que el anteproyecto de ley va a poner fin a “dos recortes importantes” en materia de dependencia:

• Por un lado, el nuevo texto va a suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2012, para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona.

• Y, por otro lado, se va a eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, “otro recorte que todavía sigue limitando el acceso de mucha gente a la dependencia”, señala Bustinduy.

A este respecto, el ministro afirma que la reforma no solo va a revertir recortes, sino que “blindará derechos para evitar que sean recortados en el futuro”, recalcando que los nuevos textos en Dependencia y en Discapacidad ofrecerán un marco legal a los usuarios y a las usuarias del sistema para poder reclamar aquellos servicios recogidos en la ley que no sean ofrecidos por los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay casi 2 millones de personas (1.837.818) que requieren atención por parte del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). Desde el año 2020 ha incrementado un 150% las partidas destinadas a financiar el SAAD hasta llegar a repartir más de 783 millones de euros entre los gobiernos autonómicos en 2023, cifra récord que se repitió en 2024 con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

“Estamos reconstruyendo el sistema de la dependencia con el objetivo de apuntalarlo como un pilar del estado del bienestar”, señala Bustinduy, que advierte del reto demográfico al que se va a enfrentar nuestro país, cuando el número de personas mayores se multiplique en los próximos años y, por tanto, aumente también el número de personas en situación de dependencia.

A este respecto, esta reforma legislativa busca reforzar la implantación del nuevo modelo de cuidados en el que está trabajando Derechos Sociales con las Comunidades Autónomas a través de la estrategia estatal aprobada en 2024 para desinstitucionalizar el sistema y avanzar hacia cuidados de mayor cercanía, en el hogar de la persona o en entornos comunitarios.

Por ello, el nuevo texto de la Ley de Dependencia amplía y reorganiza los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias. “Estamos dando pasos decisivos para incentivar la autonomía de cada persona dependiente y para consolidar su participación en la comunidad y su derecho a permanecer en el entorno elegido”. afirma el ministro de Derechos Sociales.

Al mismo tiempo, la reforma incorporan nuevos servicios orientados a este fin. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio se extiende a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, permitiendo que se reconozca también cuando el cuidado lo presten personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias.

En esta misma línea, el anteproyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio. Es decir, a partir de que esta reforma sea aprobada en las Cortes Generales, todas estas personas podrán reclamar la teleasistencia y los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio. Además, la reforma elimina la restricción que limitaba la asistencia personal a los ámbitos de educación y trabajo para permitir orientarlo a cualquier edad y a todas las áreas de la vida de la persona.

Por otra parte, el anteproyecto de ley incluye tres nuevos servicios en el catálogo:

• servicio de cuidados y apoyos en vivienda, ya sean viviendas donde convivan solo unas pocas personas o viviendas dentro de equipamientos colectivos como puede ser el modelo de vivienda colaborativa conocido como “cohousing”

• servicio de provisión de productos de apoyo para facilitar el acceso, mediante préstamo o cesión temporal, a productos que mejoren la autonomía

• servicio de asistencia personal que proporciona apoyos y cuidados personalizados a través de asistentes personales, siguiendo un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo

A esta ampliación de servicios, la reforma suma más derechos en materia de dependencia. Por ejemplo, se contempla que sea la persona dependiente quien tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y que pueda garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Otro derecho que recoge el anteproyecto es el de las personas en situación de dependencia a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia para evitar la situación vivida durante la pandemia del Covid-19 en algunas residencias de personas mayores.