Un artículo de Emilio Negro Gonzalez, Director de Enfermería de Fundación Hospitalarias Palencia y Burgos
Muchas personas mayores quieren permanecer en su hogar el mayor tiempo posible. No estamos opinando si es tan solo una preferencia legítima de vivir en su casa: significa seguir con sus rutinas, en un entorno conocido, manteniendo las relaciones que le hacen felices y la capacidad de decidir sobre sus gustos.
Sin embargo, este deseo sigue dependiendo en demasiadas ocasiones de los recursos económicos, de la evolución de las patologías no atendidas a tiempo, de la disponibilidad de una persona cuidadora o de la capacidad para desenvolverse entre servicios que no siempre se comunican entre sí.
No basta con reconocer el derecho a envejecer en casa: hay que garantizar las condiciones que lo hacen posible. Y esta responsabilidad no puede recaer exclusivamente en las familias, ni en los profesionales que prestan servicios de atención directa. Las administraciones públicas deben asegurar una red suficiente de cuidados, establecer mecanismos efectivos de coordinación sociosanitaria y evaluar si los apoyos llegan a tiempo para responder a las necesidades reales de las personas.
Del reconocimiento de necesidades a un plan de cuidados efectivo
Las múltiples realidades de las personas mayores en nuestra sociedad son muy evidentes; Una persona mayor puede vivir sola y necesitar únicamente apoyo puntual para determinadas tareas; otra puede presentar dificultades para vestirse, alimentarse, gestionar su medicación o salir a la calle; una tercera puede convivir con enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y todas ellas pueden tener o no una red familiar que asuma la continuidad de los cuidados. Ofrecer a todas ellas la misma respuesta, en forma de horas de ayuda domiciliaria, no es atención personalizada.
El primer cambio debe ser operativo: cada persona con necesidades relevantes de apoyo debería disponer de una valoración integral y de un plan de cuidados individualizado, revisable y compartido por los profesionales implicados. Este plan debe concretar qué ayuda necesita, con qué frecuencia, quién la presta, qué riesgos se han identificado y cómo se actuará si su situación empeora.
Las administraciones públicas deben garantizar que los servicios sociales y sanitarios puedan realizar estas valoraciones, que puedan compartir esta información con las debidas garantías de confidencialidad y se puedan revisar los planes cuando se produzcan cambios funcionales, hospitalizaciones, caídas o señales de sobrecarga familiar. La detección temprana permite intervenir antes de que un problema cotidiano termine convirtiéndose en una urgencia.
Ayuda a domicilio suficiente, flexible y adaptada a la vida real
Uno de los problemas que debe abordarse es la brecha entre las necesidades reales de atención y los apoyos efectivamente disponibles en forma de ayuda a domicilio. Se da la paradoja de recibir ayuda correcta para el aseo por la mañana, pero seguir sin una solución adecuada para acostarse, hacer un cambio de pañal o abordar una necesidad durante el fin de semana, o hacer la compra diaria, cenar…
Estos servicios de ayuda a domicilio deben organizarse en función de las necesidades de cada persona, disponer de apoyos para las actividades básicas de la vida diaria, preparación de comidas, de medicación, compras, movilidad y mantenimiento del hogar, así como de mecanismos para aumentar temporalmente la atención cuando se produzca un deterioro.
También es necesario revisar las condiciones de acceso y los tiempos de respuesta. Las administraciones deben publicar datos sobre las solicitudes pendientes, los plazos de valoración y puesta en marcha de los servicios, las horas concedidas y las necesidades que quedan sin cubrir. Sin esta información, resulta difícil saber si la red pública está respondiendo adecuadamente.
La teleasistencia avanzada y el equipamiento de última generación puede aportar seguridad y seguimiento, pero no sustituye la presencia de un profesional cuando una persona necesita ayuda física, ni resuelve por sí sola una situación de aislamiento. La tecnología debe complementar los cuidados, no utilizarse como argumento para reducirlos.
La soledad no deseada requiere detección y una respuesta concreta
La soledad no deseada no se resuelve con una llamada ocasional ni con la sugerencia de participar en actividades. El primer objetivo es conocer la situación que pone a la persona en riesgo de estar solo, acordar y planificar una intervención.
Los servicios sociales, los equipos de atención primaria y los profesionales de ayuda a domicilio pueden desempeñar un papel decisivo. La atención en el propio domicilio debe permitir identificar problemas y anticiparnos a las consecuencias de estos. Cuando se identifique una situación de riesgo, debe acordarse con la persona una respuesta concreta.
Esto puede traducirse en un servicio de acompañamiento, visitas regulares, apoyo para salir de casa, transporte adaptado, participación en actividades comunitarias o conexión con redes vecinales y entidades locales. En otros casos será necesario intervenir sobre barreras auditivas, visuales, económicas o de movilidad que dificultan la comunicación y la participación.
Las entidades locales, como conocedores de los ciudadanos, pueden impulsar sistemas de atención basados en la detección de casos, un voluntariado cercano y el apoyo vecinal, aunque nunca estos sistemas pueden sustituir servicios profesionales cuando existe una necesidad asistencial.
La soledad debe incorporarse a la valoración integral y al seguimiento de los cuidados, respetando siempre la voluntad de la persona. El objetivo no es imponer compañía, sino ofrecer oportunidades reales de relación y prevenir que alguien quede aislado sin que ningún servicio lo detecte.
La coordinación sociosanitaria: una responsabilidad pública compartida
En múltiples ocasiones la persona dependiente mayor necesita a la vez atención sanitaria y apoyo social, pero cada sistema actúa de acuerdo con criterios propios. Los servicios sociales pueden detectar una alimentación inadecuada o desconocimiento del tratamiento farmacológico; el centro de salud puede identificar falta de apoyos o deterioro funcional; y, sin embargo, la respuesta conjunta puede demorarse porque no existe un procedimiento unificado que coordine la atención.
La coordinación sociosanitaria debe traducirse en medidas concretas. Entre ellas, establecer una figura profesional de referencia para las personas con necesidades complejas, disponer de canales seguros de comunicación entre los equipos, acordar criterios comunes de intervención y organizar reuniones periódicas para revisar los casos de mayor riesgo.
También es imprescindible planificar el regreso al domicilio después de un ingreso hospitalario. Antes del alta debe comprobarse si la vivienda reúne las condiciones necesarias, si la persona puede desenvolverse con seguridad y si cuenta con los apoyos que necesitará desde el primer día. Cuando proceda, debe concertarse una revisión temprana por atención primaria o enfermería y coordinar la activación de los servicios sociales sin obligar a la familia a iniciar de nuevo todo el recorrido administrativo.
La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales deben actuar dentro de sus respectivas competencias, pero con objetivos compartidos y responsabilidades claramente definidas. La coordinación no puede depender únicamente de la buena voluntad de los profesionales: necesita protocolos, recursos, sistemas de información compatibles y mecanismos de evaluación.
Conclusión
¿Qué compromiso pedimos a las administraciones públicas?
La permanencia en el hogar requiere compromisos verificables. Entre las actuaciones prioritarias deberían figurar:
- Reducir los tiempos de espera en valoraciones de dependencia y acceso a las prestaciones
- Ajustar la ayuda domiciliaria a las necesidades reales, en intensidad y prestaciones
- Implantar planes de cuidados coordinados: establecer responsables de referencia y procedimientos compartidos entre servicios sociales y sanitarios para las personas con necesidades complejas.
- Prevenir la soledad: incorporar su detección a las valoraciones y ofrecer alternativas concretas de acompañamiento y participación comunitaria.
- Apoyar a las personas cuidadoras: facilitar formación, orientación, atención psicológica cuando sea necesaria y servicios de respiro que permitan mantener los cuidados sin comprometer su salud.
- Analizar los resultados: las prestaciones concedidas, como influyen en las necesidades desatendidas, qué problemas evitan y como retrasan los ingresos residenciales
