A pesar de que los datos muestran que cada vez hay más personas mayores adquieren habilidades digitales, la posibilidad de modificar la normativa y eliminar la obligatoriedad de imprimir los tiques físicos, a pesar de los beneficios ambientales y económicos, puede generar formas sutiles de edadismo y desigualdad social, tal y como advierte un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), patronal de cadenas de supermercados, ha solicitado al Gobierno una modificación normativa para que el tique de compra sea, por defecto, digital. Así, cuando los clientes hagan una compra, no recibirán el comprobante físico, salvo que lo pidan específicamente.
Esta propuesta de «digitalización por defecto» puede generar dificultades para determinados colectivos. Y es que, tal y como advierte explica Mireia Fernández-Ardèvol, catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del grupo CNSC (Communication Networks and Social Change), «la digitalización por defecto es una forma de violencia estructural, la haga quien la haga, y afecta más a las personas mayores porque es el segmento de la población que menos digitalizado está».
«Dentro de unos años no será una forma de violencia estructural que afecte más a las personas mayores, pero ahora mismo lo es», señala la experta. Y es que,a partir de los 75 años, el uso de internet cae drásticamente con la edad: el 49 % de las personas entre 75 y 84 años utiliza internet semanalmente, cifra que baja al 17,7 % a partir de los 85 años, según datos del ONTSI (2025).
Aunque de momento es solo una propuesta, si saliera adelante supondría reducir el uso de objetos físicos en la vida cotidiana, como ya ha ocurrido con la libreta bancaria, la tarjeta física sanitaria, los teléfonos públicos o las entradas en papel.
«Cuando hay una sustitución de un elemento, la persona puede sentirse desvalida, experimentar incertidumbre e inestabilidad, y sentir que tiene que volver a construir o reaprender determinadas cosas para poder hacer ciertas actividades», recalca Daniel López, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigador del grupo CareNet.
Por ejemplo, la libreta bancaria no es un objeto central para los bancos, pero es, según el experto, una «infraestructura de confianza», un comprobante físico que ofrece autonomía y se constituye como un objeto familiar para muchas personas mayores.
«Una tecnología es obsoleta cuando ya no hay una comunidad que la use. No se trata solo de que el diseño cambie o de que determinadas organizaciones o empresas quieran sustituir una tecnología por otra, sino de que siga siendo útil y significativa para determinadas comunidades», incide López.
La modificación de la normativa se basa, según ASEDAS, en argumentos medioambientales por el consumo de papel y los que genera su impresión.
Sostenibilidad vs discriminación por edad
Para Fernández-Ardèvol, las empresas que impulsan medidas o innovaciones orientadas a la sostenibilidad no suelen tener en cuenta la discriminación por edad, señalando que «el edadismo está en todas partes y, por tanto, también puede estar ligado a prácticas que lo que quieren es promover la sostenibilidad», indica. A pesar de que estas innovaciones se hacen para ser más eficientes y ahorrar costes, también implican otros gastos asociados, por ejemplo, al mantenimiento del sistema digital, puntualiza la experta.
Si se aprobara la medida, la gestión del tique digital no formaría parte de las actividades en las que la gente mayor (aquellos de más de 75 años) tiene más facilidad —como la comunicación básica por WhatsApp, que lidera la lista de tareas, con un 39,3 %—, según los datos del informe del ONTSI.
De hecho, si el tique digital llegara al correo electrónico o bien a la aplicación del supermercado, esto exigiría competencias digitales avanzadas (como descargar una aplicación móvil, registrarse y saber navegar por ella) en un colectivo en el que solo el 21% de las personas mayores usan el correo electrónico, y un 22% busca información sobre bienes y servicios, señalan los expertos de la de la Universitat Oberta de Catalunya.
«Este hecho puede situar a algunas personas en situación de vulnerabilidad porque no tienen, quizás, los recursos necesarios o el apoyo para hacer los ajustes, y esto puede generar situaciones de desigualdad y discriminación», advierte López.
La creciente digitalización de los servicios genera riesgo de exclusión
El informe del ONTSI alerta de que la baja adopción de estos servicios más complejos supone un claro riesgo de exclusión ante la creciente digitalización de los servicios tanto públicos como privados. Es un problema que afecta al conjunto de la sociedad, independientemente de la edad. «Pero en el caso de las personas mayores que no tienen interés en esta dimensión digital, los estamos forzando a unos mayores niveles de dependencia de otras personas«, afirma Fernández-Ardèvol.
La investigadora alerta de que las consecuencias, cuando esta dependencia digital no es querida, son muy graves para la privacidad y la autoestima de las personas mayores. «Aquellos documentos que querrían que fueran privados dejan de serlo, y obviamente afecta su autoestima. A nadie le gusta no sentirse independiente», indica.
El problema de raíz es también de representación cuando se piensa en los servicios o las innovaciones. «El diseño de los entornos digitales actualmente es edadista, porque no es una dimensión que se incorpore habitualmente cuando se piensa en los productos o los servicios; y, si se hace, es desde una mirada estereotipada«, añade la catedrática e investigadora del grupo CNSC.
