La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha valorado positivamente el compromiso del Ministerio de Economía para impulsar este mes de septiembre la tramitación de la ley que creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un organismo clave para proteger a los colectivos vulnerables frente a las barreras bancarias y el fraude.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha valorado de manera positiva el compromiso expresado por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para impulsar que la Comisión de Economía del Congreso retome en septiembre la tramitación de la ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
El anuncio se produjo tras la reunión del Foro de Seguimiento de Inclusión Financiera, celebrada en el Ministerio de Economía, en la que participaron, además de la PMP (representada por su presidente, Jesús Norberto Fernández, la vicepresidenta Imelda Fernández y el vicepresidente Álvaro García) y Carlos San Juan, en representación de las personas mayores; las patronales de las entidades de crédito (AEB, CECA y UNACC); representantes de las asociaciones de usuarios financieros; el Banco de España, el Defensor del Pueblo y el presidente de Correos.
Para la PMP, la puesta en marcha de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supone un paso imprescindible para garantizar la protección de las personas usuarias de servicios bancarios, especialmente de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Solo de esta forma, la ciudanía dispondrá de un mecanismo gratuito, ágil y eficaz para la resolución de reclamaciones frente a entidades financieras.
Durante su comparecencia posterior al encuentro, el vicepresidente primero del Gobierno ha asegurado haber recibido “un mensaje muy claro” acerca de la necesidad de dar “un impulso final” a la aprobación de dicha Autoridad, a la que se refirió como “clave de bóveda” del trabajo conjunto desarrollado en los últimos cuatro años.
Así, Cuerpo ha anunciado que el Ministerio de Economía impulsará que en septiembre la Comisión de Economía del Congreso retome los trámites para finalizar la aprobación de esta Autoridad, que deberá resolver las reclamaciones de clientes de bancos, aseguradoras y entidades de inversión en un plazo máximo de 90 días, de forma gratuita, sin necesidad de acudir a los tribunales y con resoluciones vinculantes para las entidades.
La PMP ha subrayado que este compromiso supone un avance relevante para reforzar la protección de las personas consumidoras de servicios financieros, especialmente de las personas mayores y de las personas con discapacidad, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante la falta de atención presencial, la complejidad de los canales digitales, el fraude financiero y las dificultades para reclamar de manera eficaz.
En particular, el presidente de la Plataforma, Jesús Norberto Fernández, ha respondido a la posición manifestada por las patronales bancarias, las cuales han cuestionado la necesidad de crear una nueva autoridad. En este sentido, ha advertido de que la reducción de reclamaciones ante el Banco de España no debe interpretarse necesariamente como una mejora del sistema, sino que puede responder a la desconfianza ciudadana cuando no se obtiene una respuesta efectiva.
La inclusión financiera, un reto pendiente
Fernández ha reconocido que el Foro de Seguimiento de Inclusión Financiera constituye “un buen ejemplo de cooperación público-privada”, pero ha alertado de que el impulso inicial generado en 2022, tras la campaña ‘Soy mayor, pero no idiota’ iniciada por Carlos San Juan, “se ha ralentizado” y ha dado paso a una visión excesivamente complaciente de la situación por parte de las patronales bancarias en cuanto a la accesibilidad a los servicios y el cumplimiento protocolos de buenas prácticas y los avances en la cobertura en el medio rural.
A su juicio, “no basta con contabilizar puntos de contacto o fórmulas alternativas si estas no garantizan un uso adecuado, satisfactorio y verdaderamente accesible para las personas mayores y con discapacidad”. Es decir, que estos usuarios y usuarias cuenten con la posibilidad real de recibir atención personalizada, resolver trámites cotidianos, operar con seguridad y mantener la autonomía personal en la relación con las entidades financieras.
El presidente de la PMP ha subrayado que las personas mayores necesitan “algo tangible”, como una sucursal bancaria, ofibuses, o, en su defecto, un agente financiero que pueda atender personalmente operaciones relacionadas con pagos, recibos, transferencias, cuestiones vinculadas a la pensión, peticiones de citas, etc., tanto presencial como telefónicamente.
Como conclusión, el presidente de la PMP ha reclamado que el acceso a los servicios financieros sea reconocido como “una actividad económica de interés general” y que se garantice “una atención adecuada con independencia del lugar de residencia, la edad, la discapacidad o el nivel de capacitación digital de cada persona”. “Las personas mayores no pedimos privilegios; pedimos que se respeten nuestros derechos, que se nos atienda adecuadamente y que se nos trate con dignidad”, ha concluido Fernández.
