Desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) se advierte que los precios de concierto para las plazas públicas de las residencias están, en la mayoría de los casos, por debajo del coste real del servicio, lo que comprometen la sostenibilidad del sistema de Atención a la Dependencia y tensiona la viabilidad de los centros.
En un momento de creciente demanda asistencial, y de incrementos del coste de vida general, las tarifas de concierto o públicas, fijadas para varios años y sin posibilidad de revisión, no alcanzan a cubrir el coste real de la plaza, señala CEAPs.
En un entorno claramente inflacionista, según los datos analizados por esta patronal, las tarifas de concierto -que en muchas comunidades autónomas llevan años sin actualizarse- no reflejan el incremento de costes que ha experimentado el sector, especialmente en lo referido a:
- personal
- suministros
- exigencias normativas
A ello se suma que el actual régimen de desindexación de precios en la contratación pública está agravando esta situación, incide CEAPs. La imposibilidad de actualizar automáticamente las tarifas conforme a la evolución de los costes reales -especialmente en un sector intensivo en empleo- impide reflejar incrementos sostenidos en salarios, energía o exigencias normativas.
“La desindexación está asfixiando al sector”, señalan desde esta organización, que considera imprescindible recuperar mecanismos de indexación vinculados a costes efectivos del servicio -o necesariamente al IPC- que permitan ajustar las tarifas de concierto de forma periódica y evitar un deterioro progresivo del sistema de cuidados.
“Los precios no evolucionan al ritmo de los costes y los centros no tienen capacidad para ajustarlos. Es un problema de diseño del sistema”, advierten desde CEAPs.
Los datos reflejan diferencias significativas entre ambos modelos. Mientras que en comunidades como Castilla-La Mancha el precio concertado se sitúa en torno a 1.800 euros mensuales, el precio medio de una plaza privada alcanza los 2.060,70 euros. Una brecha que se repite en otros territorios. En Extremadura, por ejemplo, el precio concertado ronda los 1.710 euros frente a los 1.800 euros de la plaza privada, mientras que en Cataluña asciende a 2.342 euros en el caso de la plaza concertada y a 2.500 euros en la privada.
A juicio de esta patronal, esta dinámica evidencia un cada vez más frágil equilibrio del sistema, que por ahora consigue a penas compensar costes con la actualización de las tarifas en de las plazas privadas.
El análisis de CEAPs pone también de manifiesto una importante desigualdad territorial en los precios de las plazas residenciales en España. Según los datos disponibles, el precio medio de una plaza privada oscila desde los 1.800 euros en comunidades como Extremadura o Andalucía hasta más de 3.300 euros en el País Vasco. En Castilla y León, el precio medio se sitúa en torno a los 2.060 euros mensuales, una cifra que, según CEAPs, tampoco refleja el coste real del servicio en muchos casos.
Modelo desequilibrado por la falta de actualización de las tarifas
La falta de actualización de las tarifas concertadas, unida al incremento de los costes y a la creciente complejidad asistencial, está generando un modelo desequilibrado, incide CEAPs. “Si no se revisan los precios de concierto y no se ajustan a la realidad del servicio, el sistema seguirá funcionando con tensiones internas que pueden afectar tanto a la propia supervivencia de los centros como a la calidad de la atención”, advierte esta organización.
Para evitarlo, insiste en que garantizar la sostenibilidad del sistema de cuidados pasa necesariamente por una revisión del modelo de financiación, que implicaría:
- Actualizar las tarifas de concierto conforme a los costes reales
- Establecer mecanismos de revisión periódica
- Reducir las desigualdades territoriales
- Asegurar la viabilidad económica de los centros
En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios, CEAPs considera imprescindible abordar este debate de forma urgente. “El sistema de cuidados no puede sostenerse indefinidamente sobre un desequilibrio estructural. Ajustar la financiación a la realidad es una condición necesaria para garantizar la atención a las personas”, concluyen.
