La Plataforma de Mayores y Pensionistas y la Fundación 26 de Diciembre reclaman la inclusión de la realidad LGTBI+ en las políticas públicas de envejecimiento. Exigen formación obligatoria para los profesionales sociosanitarios y la creación de espacios seguros para combatir la soledad y el miedo a la discriminación en las residencias.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Fundación 26 de Diciembre reclaman a las Administraciones que la realidad de las personas mayores LGTBI+ forme parte del diseño, financiación y evaluación de las políticas públicas de envejecimiento. El objetivo es garantizar sus derechos y su protección efectiva frente a la discriminación y el maltrato.

Ambas organizaciones han denunciado que este colectivo afronta una múltiple discriminación en la que confluyen el edadismo y la LGTBIfobia. Esta situación tiene un impacto directo en su bienestar y en el acceso a apoyos, cuidados y servicios sociales y sanitarios.

La soledad y el aislamiento se intensifican cuando las personas mayores se encuentran en entornos donde no se sienten seguras para expresar su orientación sexual o identidad de género. Según datos de la Federación Estatal LGTBI+, la soledad no deseada afecta al 40% de las personas mayores LGTBI+.

Además, un 60% de estas personas tendría miedo a ser discriminada en centros residenciales. Esta circunstancia les empuja, en ocasiones, a ocultar su identidad u orientación al ingresar en los recursos asistenciales.

Formación en diversidad sexual y de género

Por estos motivos, ambas entidades reclaman la implantación de formación obligatoria y continuada en diversidad sexual y de género para todos los profesionales de los servicios sociales y sanitarios. También piden impulsar recursos y centros que funcionen como verdaderos espacios seguros, respaldados por protocolos específicos.

Finalmente, exigen que la diversidad se incorpore en las políticas públicas de envejecimiento mediante financiación y evaluación. Asimismo, recuerdan la disponibilidad del Servicio Arcoíris 028 del Ministerio de Igualdad, un teléfono gratuito de atención psicosocial y asesoramiento jurídico frente a la LGTBIfobia.

Las dos organizaciones señalan la importancia de concienciar sobre la necesidad de abogar a una sociedad inclusiva para todas las edades, donde se garantice una protección integral para la autonomía personal y un envejecimiento con derechos.

En palabras del presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, “envejecer con derechos significa eliminar cualquier tipo de discriminación a la hora de acceder a un centro de salud, a un servicio social o a un recurso residencial; por eso pedimos que la diversidad LGTBI+ se incorpore de forma efectiva a las políticas públicas de envejecimiento, con financiación, evaluación e indicadores, y con formación obligatoria para quienes cuidan y atienden”.

Por su parte, el presidente de la Fundación 26 de diciembre, Juanjo Argüello, recalca la obligación de ha añadido que “garantizar ‘espacios seguros’ reales en cuidados, salud y servicios sociales, ya que la dignidad no caduca y ninguna persona mayor debería sentir miedo, soledad o discriminación por su orientación o identidad”.