Con el objetivo de valorar las medidas adoptadas por las entidades bancarias para evitar la exclusión financiera que sufren las personas mayores y exponer la necesidad de una regulación legislativa, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mantenido una reunión con la Asociación Española de Banca (AEB).

En este encuentro, al que han asistido la directora de Políticas Públicas de la AEB, María Abascal, y el portavoz y responsable de Comunicación, José Luis Martínez Campuzano, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha planteado sus reivindicaciones para la eliminación de las barreras de trato y atención que sufren las personas mayores y las personas mayores con discapacidad en las entidades financieras.

Una exclusión tanto social como financiera, motivada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se viene produciendo desde hace años y que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.

Además de exponer sus prioridades programáticas como asociación que defiende la garantía de los derechos de las personas mayores, la PMP ha recordado en este encuentro que es “necesario y urgente” seguir avanzando en la implementación de las medidas que dicta el ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, firmado recientemente por todas las patronales bancarias en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En este sentido, la PMP ha trasladado a la AEB que en estos momentos es “especialmente necesario” que el sector bancario ponga en marcha de forma inmediata medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural. En este sentido, la PMP señala que si se quiere implementar adecuadamente todas estas medidas, “es necesario modificar la política de reducción de personal que se viene manteniendo”.

Asimismo, la PMP reclama una serie de medidas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores, entre otras.

Cabe destacar que actualmente hay 4,5 millones de personas mayores con más de 75 años que tienen dificultades para acceder a las competencias digitales, por lo que debe haber un periodo de transición importante para que estas personas no se queden fuera de las entidades bancarias.

A juicio de la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento regular para una real efectividad. No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un nuevo marco legal que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios (Ley de Servicios de Atención al Cliente y la Ley de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero), al que se comprometió la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

En el encuentro, la PMP y la AEB han acordado continuar manteniendo futuras reuniones a fin de valorar las demandas de medidas concretas que terminen de paliar el problema de la exclusión financiera de las personas mayores.