CEAFA acude al Defensor del Pueblo para exigir un acceso equitativo a los nuevos tratamientos del Alzheimer 

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para denunciar la grave situación de inequidad provocada por la exclusión de la financiación pública de los únicos fármacos autorizados en Europa para frenar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales.

CEAFA alerta de que mantener estas terapias únicamente en el circuito sanitario privado atenta contra la cohesión social y restringe opciones asistenciales vitales a miles de pacientes en función de su capacidad económica.

Pese a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó estas terapias en 2025 para pacientes en estadios tempranos y bajo rigurosos protocolos de seguridad clínica, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del Ministerio de Sanidad ha rechazado reiteradamente su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), dictaminando su última negativa el pasado 15 de julio.

CEAFA fundamenta su recurso en que el bloqueo de la financiación pública abre una peligrosa brecha socioeconómica que rompe el principio de equidad sanitaria y genera:

• Discriminación económica directa: Personas con la misma indicación clínica y necesidades asistenciales idénticas reciben tratamientos diferentes según su capacidad adquisitiva privada.

• Pérdida irreversible de la ventana terapéutica: Estas terapias son eficaces exclusivamente en etapas muy tempranas. Cada mes de retraso burocrático provoca que cientos de pacientes progresen clínicamente y pierdan para siempre la opción de frenar la enfermedad.

• Afecta directamente al ejercicio de derechos fundamentales: No únicamente solamente un debate sobre política farmacéutica. La Confederación apela a los artículos 43 (protección de la salud), 9.2 (igualdad real) y 49 (autonomía personal y dependencia) de la Constitución Española, así como a la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.

Desde la Confederación remarcan la gravedad de la situación actual y la urgencia de reevaluar esta decisión administrativa, ya que “personas con la misma enfermedad, la misma necesidad sanitaria y la misma indicación clínica reciben así una respuesta diferente en función de sus recursos económicos… La respuesta no debe ser limitar el acceso a estas terapias, sino incorporarlas de forma ordenada, con una selección estricta de pacientes y seguimiento especializado, de modo que quienes cumplen los criterios clínicos puedan decidir libremente”.

Por todo ello, CEAFA ha solicitado un encuentro con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle de primera mano la realidad e inquietud de los pacientes y sus familias. Y recuerda que estas patologías neurodegenerativas concentran más del 60% de la dependencia nacional y generan un coste socioeconómico anual superior a los 35.000 millones de euros.