La Cámara Baja ha dado luz verde, con la abstención del PP y el rechazo de Vox, a la profunda reestructuración normativa promovida por el Ministerio de Derechos Sociales. El nuevo texto legal blinda la aportación estatal al 50% de la financiación, reduce a la mitad los plazos de tramitación de las ayudas, elimina la incompatibilidad entre prestaciones y agiliza el reconocimiento automático del grado de discapacidad.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría la que ha sido calificada por el Ministerio de Derechos Sociales como «la mayor reforma social del país en lo que va de siglo». Con 179 votos a favor, la abstención del Partido Popular y el único voto en contra de Vox, el parlamento saca adelante una profunda reforma legislativa que modifica simultáneamente la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Con esta norma, que ahora pasa al Senado, el Gobierno busca refundar el modelo de cuidados y dejar atrás una estructura que califica de carácter asistencialista, masificada y centrada en macroresidencias.
Paralelamente, el Pleno ha convalidado un real decreto-ley complementario para ampliar la financiación estatal de la dependencia en un paquete histórico de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 que serán distribuidos entre las comunidades autónomas.
La reforma asume por ley la obligación de que la Administración General del Estado (AGE) financie de manera estable al menos el 50% del coste total del sistema de dependencia, blindándolo frente a posibles recortes futuros. Según las estimaciones oficiales, la aportación estatal global alcanzará la cifra récord de 7.239 millones de euros en 2027, el doble de lo invertido en el año 2025.
Fin de las incompatibilidades y reducción de la burocracia
Una de las novedades más destacadas de la refundación es el fin del régimen de incompatibilidades entre servicios. A partir de ahora, si un dependiente puede continuar viviendo en su domicilio, tendrá la posibilidad de combinar libremente prestaciones tales como la asistencia a centros de día con cuidados en el entorno familiar y teleasistencia.
Además, el servicio de asistencia personal se flexibiliza y amplía su catálogo de prestaciones más allá del entorno estrictamente domiciliario para realizar tareas de acompañamiento cotidianas (como ir a hacer la compra o acudir al médico).
La reforma también aborda de lleno el gran cuello de botella del sistema: las listas de espera de los procesos de valoración. El plazo máximo que tienen las comunidades autónomas para resolver y reconocer una prestación por dependencia se reduce drásticamente a la mitad, pasando de los seis meses previos a un máximo de tres meses.
Asimismo, se simplifica la carga burocrática mediante un nuevo modelo de convalidación automática: a quienes se les reconozca un Grado I de dependencia se les asignará de forma directa un 33% de discapacidad, mientras que para los Grados II y III se facilitará el reconocimiento del 65% de discapacidad.
Nuevos derechos subjetivos y protección legal
El marco normativo reconoce la figura del cuidador no profesional o del entorno relacional, permitiendo que personas del mismo entorno social y afectivo ofrezcan cuidados sin necesidad de un parentesco directo o matrimonio. La ley establece que el Estado se hará de nuevo cargo de abonar las cotizaciones de estas personas cuidadoras principales (que en su gran mayoría son mujeres) y garantizará la continuidad y sustitución del cuidado en casos de hospitalización o enfermedad grave de la cuidadora.
Además, la teleasistencia (reforzada mediante dispositivos modernos de geolocalización) y la atención temprana para menores de seis años se configuran a partir de ahora como derechos subjetivos universales que las familias podrán exigir judicialmente ante sus comunidades con independencia del presupuesto autonómico disponible o de la existencia de plazas.
En materia de discapacidad, el texto legal consagra la accesibilidad universal como un derecho inalienable e impulsa un programa estatal de promoción de la accesibilidad para financiar infraestructuras urbanas y habitacionales (como rampas o audiodescripciones en inmuebles).
Del mismo modo, introduce importantes barreras de protección social: prohíbe explícitamente que las compañías de seguros de salud u hogar encarezcan las primas basándose en la discapacidad del asegurado, considerándolo una práctica discriminatoria e ilegal.
Por último, se regula a nivel judicial la figura del «facilitador procesal», un puente técnico clave para evitar la indefensión de personas con dificultades de comunicación o comprensión durante los procedimientos judiciales.
