El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión histórica para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con el objetivo de transitar hacia un modelo personalizado y domiciliario. A partir del 1 de julio, las transferencias a las comunidades autónomas por cada persona dependiente aumentarán significativamente, elevando los recursos estatales en un 93% para reducir listas de espera y mejorar las condiciones laborales del sector.
El Gobierno de España ha dado luz verde a un paquete de medidas extraordinarias destinadas a fortalecer y consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Según lo anunciado. el Ejecutivo va a movilizar 6.200 millones de euros adicionales entre lo que queda de 2026 y el año 2027. Esta cifra supone duplicar la inversión en dependencia registrada en 2025 y representa el mayor despliegue económico en la historia del sistema.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta medida como la mayor ampliación de la red social del país en décadas, destacando el compromiso de alcanzar el 50% de la financiación del sistema por parte de la Administración General del Estado. El objetivo es blindar este derecho subjetivo para evitar que vuelva a ser objeto de recortes y asegurar un servicio público de calidad.
Un cambio de paradigma: menos macro-residencias y más apoyo en el hogar
La reforma pretende impulsar un cambio profundo en la estructura de los servicios sociales en España. En palabras del ministro Bustinduy, el propósito es «dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias».
En su lugar, la nueva estrategia persigue consolidar un sistema personalizado y cercano, que dote a las personas de los soportes y ayudas necesarias para que puedan continuar viviendo en sus propios domicilios con la mayor calidad de vida posible y durante todo el tiempo que lo deseen. Para articular este andamiaje jurídico, se prevé que la convalidación del real decreto ley coincida en el Congreso con la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.
Incremento sustancial de las cuantías por grado a partir del 1 de julio
Una de las medidas más inmediatas de este plan es la modificación, con efectos a partir del 1 de julio, de las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia. Los incrementos se estructuran de la siguiente manera:
- Grado I: Pasa de 76 a 90 euros al mes.
- Grado II: Se duplica, pasando de 130 a 260 euros al mes.
- Grado III: Aumenta de manera muy significativa, de 290 a 660 euros al mes.
Gracias a estas subidas, el Gobierno señala que las comunidades autónomas dispondrán de un 93% más de recursos estatales para gestionar las obligaciones del sistema. Con este «balón de oxígeno financiero» se busca:
- eliminar de forma inmediata las listas de espera
- incrementar la intensidad de las prestaciones
- dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales del sector
En total, la aportación del Gobierno central alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.234,4 millones en 2027, atendiendo a un sistema que actualmente da cobertura a 1.682.789 personas.
Creación de 100.000 empleos adicionales en el sector del cuidado
Ante el reto demográfico actual, que augura un incremento muy importante de las necesidades de cuidados y la necesidad de duplicar el personal del sector a medio plazo, el Ejecutivo defiende que la inversión en dependencia funciona también como un motor económico.
Citando un estudio del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, se destaca que cada euro invertido en dependencia genera 1,6 euros de actividad económica, además de que el 50% de la inversión total retorna a las arcas públicas mediante impuestos y cotizaciones sociales.
Bajo estas previsiones, el Gobierno estima que la nueva norma propiciará la creación de 100.000 empleos adicionales en el sector del cuidado y generará un retorno de 3.000 millones de euros para el Estado, demostrando que la protección social de los colectivos más vulnerables es, al mismo tiempo, una vía eficaz para la cohesión social y el desarrollo económico sostenible.
