Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) se califica de califica de «intolerable» el desahucio de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda de Madrid en la que residía desde hacía siete décadas. Más aun cuando el lanzamiento se ha ejecutado sin garantizarle previamente una alternativa habitacional digna, estable, accesible y acorde con su voluntad.
Maricarmen fue sacada de su hogar en camilla por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente al Hospital Gregorio Marañón. Tiene reconocida una discapacidad del 50% y, entre las opciones que se le habrían planteado, figuraba una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros mensuales, cantidad inasumible para su pensión.
La PMP subraya que un desalojo de estas características es un «golpe devastador para la salud y el equilibrio emocional de una persona mayor». Perder de forma abrupta el hogar donde se ha vivido casi toda la vida supone perder las referencias, la rutina, los vínculos con el vecindario y el sentimiento de seguridad.
Recalca que en edades avanzadas, y más aún con una discapacidad, un desarraigo forzoso genera estrés intenso, desorientación, angustia y miedo, y puede agravar problemas de salud ya existentes y acelerar el deterioro físico y cognitivo.
Para la Plataforma lo ocurrido supone un “un fracaso inaceptable” de las administraciones y de los mecanismos públicos de protección social. Desde su punto de vista, “una sociedad democrática no puede permitir que una persona mayor y en situación de especial vulnerabilidad sea expulsada del hogar en el que ha desarrollado prácticamente toda su vida sin que exista antes una solución adecuada”.
Asimismo, la PMP rechaza que una residencia pueda presentarse como alternativa al hogar de una persona mayor con discapacidad por el mero hecho de su edad. A su juicio, es un recurso de atención y cuidados que, cuando resulte necesario, debe responder a una decisión libre e informada de la persona, de acuerdo con sus necesidades, su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Nunca puede convertirse en la única salida ante un desahucio, ni en una fórmula de institucionalización forzosa provocada por la ausencia de políticas públicas de vivienda.
Igualmente, desde esta asociación se denuncia la flagrante contradicción de estos hechos con la aprobación, hace escasos días en el Congreso de los Diputados, de la reforma de la Ley de Dependencia, la cual apuesta porque las personas puedan permanecer en su hogar y en su entorno comunitario, con más apoyos a domicilio y con derecho a decidir sobre los cuidados que reciben.
«Resulta incoherente proclamar ese modelo en el Parlamento y, al mismo tiempo, responder a una mujer mayor que pierde su casa con una plaza residencial que ella no ha tenido oportunidad de elegir como alternativa», afirma la PMP.
La Plataforma también recuerda que la Constitución reconoce en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna y adecuada; en el 43 el derecho a la protección de la salud; y en el 50 obliga a los poderes públicos a atender los problemas específicos de vivienda de las personas mayores a través de los servicios sociales.
A este respecto, su presidente, Jesús Norberto Fernández, recalca que “ese mandato no es una declaración de buenas intenciones; si una persona mayor va a quedarse sin techo, los poderes públicos tienen la obligación de actuar antes, no después”.
Por todo ello, la PMP exige mecanismos públicos de detección temprana, coordinación institucional y acompañamiento individualizado que impidan que una persona mayor llegue al día del desahucio sin una solución adaptada a su voluntad y circunstancias. De esta manera, ha reclamado la puesta en marcha de una serie de medidas concretas:
- La suspensión de los desahucios de personas mayores en situación de vulnerabilidad mientras no se garantice previamente una alternativa habitacional adecuada.
- El rechazo expreso de la institucionalización forzosa como respuesta a la pérdida de vivienda. El ingreso en una residencia debe obedecer exclusivamente a una elección libre e informada y a las necesidades y preferencias de la persona.
- La incorporación obligatoria de la perspectiva de edad y discapacidad en los procedimientos judiciales, administrativos y sociales vinculados a los desahucios.
- La aplicación efectiva de las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derecho a una vivienda adecuada, evitando que cualquier desalojo provoque sinhogarismo, desarraigo o una situación de mayor vulnerabilidad.
- La coordinación inmediata entre vivienda, servicios sociales, sanidad, dependencia, cuidados y accesibilidad, con protocolos de actuación temprana y responsabilidades claramente definidas.
- La ampliación urgente del parque público de vivienda accesible y asequible, con recursos específicos destinados a personas mayores con bajos ingresos.
- El refuerzo de los apoyos domiciliarios y comunitarios, incluidas la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la adaptación de viviendas y las viviendas con apoyos, para hacer efectivo el derecho a permanecer en el entorno.
- La revisión de los protocolos y de las actuaciones administrativas que han permitido llegar a esta situación, con el fin de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
“Lo ocurrido con Maricarmen es intolerable. Una residencia no es una alternativa habitacional y la edad no puede utilizarse para despojar a una persona de su derecho a decidir dónde vivir. Expulsar de su hogar a una mujer de 87 años sin ofrecerle previamente una vivienda adecuada constituye un fracaso de los poderes públicos”, denuncia el presidente de la PMP.
