Los cuidados comunitarios no pueden quedar reducidos a la atención de personas dependientes ni continuar recayendo mayoritariamente sobre las mujeres migradas, tal y como se expone en el informe ‘El cuidado comunitario en las políticas locales’, elaborado por la Red de Migración, Género y Desarrollo; la Asociación Floras en Acción; la Red Antirracista de Tarragona; Diverses 8M Girona, y la Asociación de Mujeres Migrantes Subsaharianas.
El informe ‘El cuidado comunitario en las políticas locales’, que documenta las violencias institucionales y el racismo estructural que sufren las mujeres migradas en Cataluña, recalca la necesidad de implementar políticas de cuidados comunitarios que garanticen la vivienda, la salud y la educación como derechos, no como negocios.

A partir de un diagnóstico participativo realizado con mujeres migradas y racializadas en distintos territorios de Cataluña, el estudio identifica que los cuidados comunitarios no pueden seguir siendo entendidos como una responsabilidad individual o familiar, sino como una práctica colectiva que fortalece la vida en comunidad, y propone situarlos en el centro de las políticas públicas locales desde una mirada feminista descolonial y antirracista.
Según las entidades impulsoras, los cuidados comunitarios han de ser entendidos como herramientas de transformación social capaces de desmontar las violencias racistas, machistas, institucionales y económicas que fragmentan las comunidades. El informe subraya que el racismo y la racialización destruyen la convivencia, generando desigualdades en el acceso a bienes comunes y precarizando la vida de las personas migradas y racializadas.
La publicación también reclama un papel más activo de las administraciones locales. Los gobiernos municipales, por su proximidad con la ciudadanía, tienen la responsabilidad de:
- facilitar espacios de encuentro
- dar soporte a las redes de cura colectiva
- reconocer los saberes comunitarios
- garantizar recursos económicos, técnicos y materiales para sostener la vida en los territorios
Entre las principales aportaciones del informe está la necesidad de superar las políticas públicas meramente asistencialistas y avanzar hacia políticas construidas con participación real de las comunidades. Esto implica reconocer el protagonismo de las mujeres migradas y racializadas, no solo como destinatarias de servicios, sino como sujetos políticos con capacidad de diagnóstico, de propuesta y de decisión.
El informe plantea, además, que las políticas locales de cuidados comunitarios deben contribuir a garantizar la permanencia de las personas en sus barrios y ciudades, evitar la gentrificación y la expulsión, reforzar las redes de apoyo mutuo, prevenir las violencias y construir comunidades más cohesionadas, justas y corresponsables.
También recalca la necesidad de avanzar hacia políticas locales que reconozcan, fortalezcan y financien las iniciativas comunitarias existentes, promoviendo la corresponsabilidad social de los cuidados y la participación activa de la ciudadanía en la construcción de territorios más justos y habitables.
Con esta publicación, las entidades organizadoras hacen un llamamiento a las instituciones públicas, a las entidades sociales y a las comunidades locales a repensar el modelo actual de bienestar y a avanzar hacia las políticas de lo común, basadas en el buen vivir, la comunalidad, la justicia social, el antirracismo y la dignidad de todas las vidas.
El informe, que puede descargarse en este enlace, recoge reflexiones, experiencias y propuestas salidas de diferentes diálogos territoriales impulsados durante 2025 y forma parte del proyecto ‘Tejiendo Resiliencias. Contribuyendo a Desmantelar Violencias‘, que cuenta con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.