A finales de mayo, 265.460 personas se encontraban en las listas de espera de la dependencia. De ellas 110.108 estaban a la espera de valoración (el 41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (el 58,2%). Esto supone que la desatención (pendientes de valorar y solicitantes en el «limbo») ha aumentado en 7.293 personas más en lo que va de año.
Estos datos se extraen del Informe del Observatorio Mayo 2026 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), que indica que 13.503 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia hasta mayo de este año, 90 personas al día, una cada 16 minutos, como media. De ellas, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.
Casi la mitad de los fallecidos (el 49%) se concentran en Cataluña (4.342) y Andalucía (2.204). En el otro extremo, la Comunidad con menos fallecimientos en lista de espera es Galicia (34).
Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación en este periodo han sido Canarias (+22%) y Cantabria (+6,6%). Por el contrario, las Comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,4%) y Extremadura (-0,5%).
Los datos del Ministerio son inferiores a la lista de espera real, ya que considera lista de espera exclusivamente a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido.
A juicio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), los motivos de estos retrasos, después de casi veinte años de implantación de la Ley, son múltiples, pero destaca dos fundamentales:
- Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
- El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios. La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
Para esta asociación es evidente la falta de incremento presupuestario en los tres últimos años por parte del Ministerio de Derechos Sociales, al no mantener la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023, lo que está suponiendo una clara ralentización del Sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter low cost de sus prestaciones y servicios.
ADYGSS denuncia que los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad han generado un sistema ‘low cost’ que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.
Puede consultar aquí el Informe del Observatorio Mayo 2026 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS).
