El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado el ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’, una herramienta pionera diseñada para incorporar la accesibilidad de forma transversal en el funcionamiento diario de ministerios y organismos públicos, beneficiando directamente a personas con discapacidad y personas mayores.
El documento, impulsado a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, permitirá a las distintas unidades de la AGE autoevaluar periódicamente su grado de accesibilidad. Con el objetivo de identificar carencias y activar las mejoras pertinentes se empleará un listado de comprobación que aborda seis grandes ámbitos estratégicos:
- recursos humanos
- entorno físico
- ámbito jurídico
- gestión económico-presupuestaria
- tecnologías de la información
- atención a la ciudadanía
El protocolo ha sido presentado en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, en la que participan diferentes departamentos ministeriales y el CERMI, como expresión unitaria de la sociedad civil de las personas con discapacidad y sus familias.
Evaluación y ámbitos de la accesibilidad universal
Entre otras cuestiones, el protocolo analiza si los procesos selectivos contemplan adaptaciones, si las webs y documentos digitales son accesibles, si los edificios cuentan con itinerarios accesibles o si la atención presencial, telefónica y online garantiza alternativas comprensibles y utilizables.
El documento parte de una visión amplia de la accesibilidad universal, entendida como una condición que beneficia tanto a las personas con discapacidad como a las personas mayores y en situación de dependencia.
Para Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, “este protocolo responde al mandato constitucional de los poderes públicos de impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles y supone una herramienta de gran utilidad para que la accesibilidad salga de lo social y se asuma desde todos los departamentos ministeriales para que atraviese todos los espacios, servicios y tramites de Administración”.
Martín apunta que “ya no hay excusas para no eliminar barreras porque este documento ofrece las pautas para identificar las quiebras y abordar las mejoras”.
Avanza el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal
Además de ayudar a diagnosticar problemas, el texto ofrece orientaciones prácticas y medidas concretas para corregirlos. Cada respuesta negativa o parcial sobre el cumplimiento de una actuación debe servir para incorporar mejoras y elevar progresivamente los niveles de accesibilidad.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar en el desarrollo del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, ejecutando en concreto la medida 1.2.3 del plan, que insta a diseñar un protocolo coordinado con especial referencia a la perspectiva de género.
La iniciativa ha contado con el asesoramiento técnico de Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad, y ha dispuesto de la participación de la mayoría de los ministerios de la Administración General del Estado a través de grupos de trabajo especializados.
El ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado (AGE)’ se puede consultar en este enlace.
