Desde el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) se reclama el desarrollo de la prestación económica de asistencia personal, una medida recogida en la Ley de Dependencia.

Así lo expuso el director adjunto del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), Pablo Martínez, durante su intervención en el VII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: ‘Integración: de modelos a resultados’, abogando por el desarrollo de la prestación económica de asistencia personal, recogida en la Ley de Dependencia y que tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados.

Tal y como destacó, el objetivo de esta prestación económica es “contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria”.

Pero la regulación del desarrollo de la prestación económica de asistencia personal “se reduce a un breve artículo 19 de la Ley de Dependencia con algunas cuestiones por especificar” y por ello “desde el grupo de la dirección general del Imserso y las direcciones generales de las Comunidades y Ciudades Autónomas estamos trabajando en reuniones sobre aspectos relativos a definición, objeto, requisitos y formación”, indicó el director adjunto del Imserso.

En este sentido, recalcó que “es necesario regular esta prestación determinando su finalidad, características y sus objetivos principales para que se encamine a lograr una vida lo más independiente posible de la persona en situación de dependencia, facilitando su acceso a aspectos tan importantes como la formación, la participación en la comunidad, la cultura, el ocio o el tiempo libre”. Y para lograrlo “se debe abordar una completa regulación de la figura del asistente personal, definiendo con claridad la capacitación y la formación de las personas que ejerzan estas funciones”.  

Además, Pablo Martínez subrayó que “el objetivo es que en un breve plazo el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) apruebe un texto que permita su tramitación normativa, para contar con una regulación específica y homogénea, que asegure una verdadera situación de igualdad en el reconocimiento de este tipo de prestaciones en todo el territorio nacional”.